El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha advertido de que impulsar un impuesto sobre las transacciones financieras para costear futuras crisis podría lastrar la provisión de crédito hacia la economía real y frenar así el crecimiento, al combinarse en un contexto de mayores requerimientos de capital a las entidades.
Así lo afirma Martín en un artículo firmado junto a la asesora fiscal de la AEB, Carmen González Gallego, en el número 130 de ‘Papeles de Economía Española’ de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) sobre ‘El futuro del sector bancario’.
En este artículo, ambos describen las principales iniciativas para reformar el sistema tributario del sector financiero. Precisamente, Francia ya ha decidido aplicar desde el próximo mes de agosto una tasa para gravar las acciones de la Bolsa y los CDS de la deuda soberana.
El profesor de la Universidad de Extremadura Juan Calvo Vérgez descarta en el mismo número de ‘Papeles de la Economía Española’ un impuesto a la banca española si sólo se utiliza como argumento la devolución de ayudas públicas. Y recuerda que los bancos españoles no recibieron financiación del Estado, mientras las ayudas a las cajas de ahorros han sido «limitadas» y sujetas a la «obligación» de devolución.
En el mismo número, el catedrático de la Universidad de Granada y el director de estudios financieros de Funcas, Santiago Carbó, prevé que el sistema financiero español esté condicionado en los próximos años por las mayores exigencias regulatorias.
Carbó subraya la necesidad de combinar la liquidez, la solvencia y la propia dimensión de las entidades, en un contexto que requerirá un número de operadores «mucho más reducido».
Por ello, avisa de que las exigencias contempladas en Basilea III, tal y como ya estimó Standard & Poors, aumentarán el coste del crédito de entre un 10% y un 20% en Europa. Además, se producirá un «considerable» recorte en los plazos de los créditos, un factor que considera de estabilidad «decisivo» para las pymes.
Carbó sentencia:
La necesidad de diversificación del crédito y los requerimientos regulatorios parecen caminar en direcciones opuestas
