La exejecutiva de la caja se adjudicó una pensión vitalicia de 369.000 euros
La exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós ha llegado este 24 de febrero de 2012 al Juzgado de lo Social número 4 de Alicante diez minutos antes del inicio de la vista oral sobre su despido en medio de una nube de periodistas.
Amorós fue despedida de forma fulminante tras la intervención de la caja. La exdirectora ha sido recibida por clientes de la antigua caja al grito de «ladrona, choriza y corrupta». Una de las clientas le ha reclamado directamente que devuelva el dinero.
Amorós, que pide una indemnización de 10 millones de euros, fue despedida por los administradores del Banco de España tras asumir el control de la caja a finales de julio del año pasado por falsear supuestamente la contabilidad de la entidad y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de gestión de entidad alicantina, entre otros motivos.
Los interventores del supervisor destituyeron de manera fulminante a la ejecutiva el 22 de septiembre pasado sin derecho a indemnización.
La exdirectora acude a la vista oral con la intención de lograr la nulidad del despido. Sus abogados alegan que durante su despido los responsables de la decisión vulneraron sus derechos fundamentales, entre ellos el honor, la propia imagen y su dignidad profesional y personal.
Subsidiariamente a la nulidad, reclama su readmisión en lo que ahora es Banco CAM o una indemnización en función de su salario.
Amorós reclama en su demanda de despido dos tipos de indemnización: 10 millones de euros en concepto de lucro cesante, por el tiempo que le restaría hasta la jubilación y otra cantidad, no determinada, que duplica la indemnización que le correspondería por su larga trayectoria laboral en la caja de ahorros alicantina, que incluye al menos diez años en la dirección general adjunta y nueve meses en la dirección general, por citar solo el último tramo de esta vinculación.
La abogada de la empresa, ahora Banco CAM, ha rechazado en su intervención todos los argumentos de la demandante para lograr la nulidad del despido. Amorós alega que la carta de despido vulneraba su derecho al honor, a la propia imagen y atentaba contra su dignidad profesional y personal.
La letrada de la CAM ha defendido la legalidad de la carta de despido, tanto en el marco de la legalidad vigente a nivel laboral como en el ámbito de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.Amorós está encarando el tramo inicial de la vista oral con un aspecto serio pero al mismo tiempo relajado y tomando notas de los alegatos de las partes. En la sala, la exdirectora no está sola. Un pequeño grupo de amigos se han acercado para arroparla en la vista oral.
Amorós llegó al cargo tras la marcha del exdirector general de la CAM, Roberto López, en diciembre de 2010. La ejecutiva había sido hasta entonces la mano derecha de López durante los casi diez años que esté ocupó el cargo.
A su llegada al puerto, Amorós se elevó el sueldo hasta los 590.000 euros anuales y además pactó con el entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, la mencionada pensión vitalicia.
Esta última decisión es una de las claves del expediente disciplinario abierto por el Banco de España, y que afecta a 48 exdirectivos de la caja.
El cálculo de la pensión de Amorós también es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si pudo incurrir en alguna ilegalidad penal.
En sus conclusiones finales, el fiscal presente en el juicio, Juan Carlos Carranza, ha asegurado que el despido de Amorós no vulneró ninguno de los derechos fundamentales como alega la exdirectora en su demanda y, por tanto, que no ve motivos para declarar nula la decisión.Por su parte, la abogada de la exdirectora general ha rechazado todas las irregularidades que la dirección de Banco Base imputa a Amorós en su carta de despido y recalca que sí se han vulnerado los derechos fundamentales de su defendida, entre ellos el honor y a la propia imagen al filtrarse al día siguiente del despido la carta a los medios de comunicación.
La abogada ha insistido en que Amorós no tenía poder absoluto y que todas las decisiones se tomaron con el visto bueno de los distintos órganos de la caja, así como que a su juicio la caja ha intentado echar todo el peso de la organización en la figura de la exdirectora general.
La letrada también ha remarcado que la mayoría de las imputaciones del Banco de España a Amorós o bien corresponden a ejercicios en los que ella no ocupaba el cargo o bien en los meses en los que la fusión fría había puesto la dirección efectiva de la caja en manos del Banco Base (del que también formaban parte Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura).
La abogada de la exdirectora ha atribuido las diferencias en la contabilidad de la entidad bajo el mando de Amorós a la utilización de distintos criterios contables a los que posteriormente decidió aplicar la nueva gestión del Banco de España.
Y respecto a la pensión vitalicia, la abogada ha destacado que se ajustaba tanto a los parámetros del sector como a los acuerdos adoptados por los órganos de gestión de la caja desde 2007.
La abogada del Banco CAM, por el contrario, ha reiterado su argumentación inicial y ha acusado a Amorós de falsear y ocultar información tanto a los órganos de gobierno como a los supervisores.
En este sentido la letrada ha incidido en el incumplimiento de la circular del Banco de España 4/ 2004, remitida a la exdirectora el 14 de diciembre de 2010 (cuatro días después de tomar posesión oficialmente de su nuevo cargo) para, mediante artificios contables, presentar balances positivos de la entidad cuando en realidad se acumulaban pérdidas. Para los representantes del banco, Amorós es trabajadora de alta dirección desde hace diez años, cuando accedió a la dirección general adjunta y ya fue postulada como sucesora natural de el entonces director general, Roberto López Abad.
Más aún, la letrada ha insistido en que Amorós ha trabajado en la última década «codo con codo» con López Abad y que, por tanto, es corresponsable de sus decisiones.
Y respecto a la pensión vitalicia, la abogada ha mantenido que el método de cálculo utilizado por Amorós le garantizaba un beneficio extra de 1,1 millones de euros. Esta pensión vitalicia, que se adjudicó a espaldas de los órganos de dirección y en connivencia con López Abad, ascendía a casi 370.000 euros.
