Dos representantes de Barclays declaran este jueves ante el juez por un presunto delito societario imputado a la entidad y derivado del acuerdo por el que la matriz, Barclays Bank PLC, adquirió el 100% de su filial española, Barclays Bank SA, provocando la salida de los minoritarios.
El pasado mes de enero, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por un accionista minoritario contra el acuerdo de venta y llamó a declarar a un representante de Barclays Bank PLC y de otro por parte de Barclays Bank SA.
De esta forma, se abre uno de los primeros procesos penales en España por responsabilidad penal de un gran banco como persona jurídica, según introdujo el nuevo Código Penal en diciembre de 2010.
El querellante acusa al consejo de administración de Barclays en España de crear «una mayoría ficticia» con «la única finalidad de acordar la expulsión de los accionistas minoritarios» de la entidad.
El 12 de diciembre de 2011 la junta general extraordinaria de la entidad acordó amortizar las 770.000 acciones de los socios minoritarios al valor nominal (1,5 euros) con el voto único de los mayoritarios, según el auto de admisión a trámite dictado el pasado 24 de enero al que tuvo acceso Europa Press.
Este acuerdo supuso que el grupo Barclays se hiciera con el 100% de las acciones de su filial española al adquirir el 0,08% en propiedad de los minoritarios que le restaba para completar la adquisición por un total de 1,155 millones de euros, tras una reducción de capital.
Los minoritarios acusan a los responsables de la entidad de «maquinar un plan» para reunir todas las acciones de estos pequeños inversores y agruparlas a los títulos del socio mayoritario Barclays PLC con el objetivo de que éste tuviera más del 50% del capital del grupo para imponer su ley.
Por su parte, la entidad siempre ha mantenido que la adquisición el 100% de la filial española se hizo por un requerimiento de la autoridad financiera del Reino Unido (FSA) y que la operación contó con el visto bueno del Ministerio de Economía español.
Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid desetimó el pasado mes de marzo suspender de forma cautelar los acuerdos societarios por los que Barclays Reino Unido se hizo con el 100% de su filial española solicitadas por este accionista minoritario.
El juez concluyó que los demandantes eran «titulares de una participación del capital social que no les permite influir en ninguna de las decisiones relevantes» y que el porcentaje del capital afectado por los acuerdos que representan (7,48%) «no tiene relevancia, por si mismo, para incidir en el devenir social».
