El Parlamento Europeo (PE) decide hoy si propone a la Unión Europea suspender parcialmente las ventajas arancelarias que concede a Argentina en respuesta a la intervención de la petrolera YPF y la expropiación del 51% de las acciones que tiene en ella Repsol.
Es la principal petición de la resolución consensuada por los grandes grupos de la Eurocámara tras el anuncio del Gobierno argentino de hacerse con el control de las acciones que la petrolera española Repsol tiene en YPF.
Todos los grupos, menos los Verdes/Alianza Libre Europea y la Izquierda Unitaria, han consensuado un texto en el que se insta a la Comisión Europea y al Consejo de la UE a que «estudien y adopten, en defensa de los intereses europeos, cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales».
Entre otras acciones, los eurodiputados piden incluir una «posible suspensión parcial» de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar en el mercado comunitario.
La resolución «deplora la decisión tomada por el Gobierno argentino, sin tener en cuenta una solución negociada, de proceder a la expropiación de la mayor parte de las acciones de una compañía europea, ya que representa una decisión unilateral y arbitraria».
Además, considera que la nacionalización de YPF supone un «ataque al ejercicio de la libre empresa y al principio de certidumbre legal, deteriorando así el clima empresarial para los negocios de la UE en ese país».
Constata que esta decisión «se refiere a una sola empresa del sector y tan sólo a una parte de su accionariado, lo que podría considerarse discriminatorio», en su opinión.
Por otra parte, la resolución señala que decisiones como la tomada por las autoridades argentinas pueden «enrarecer el clima de cordialidad y entendimiento necesarios» para cerrar las negociaciones en curso de un acuerdo de asociación UE-Mercosur.
«Para que esas negociaciones sean un éxito, las dos partes tienen que conversar en un espíritu de apertura y confianza mutua», apuntan los eurodiputados.
