La preparación de los altos ejecutivos contrasta con el limitadísimo bagaje de la medianía de los políticos
La recesión ha acelerado el ritmo con el que la clase política española lleva años perdiendo respeto entre los ciudadanos que les votan.
En el último barómetro del CIS, correspondiente al pasado mes de abril de 2012, los encuestados situaron a los políticos y a los partidos como el tercer mayor problema de España, sólo superados por el paro y los problemas de índole económica. Ningún dirigente logro una nota de aprobado.
El desprecio por la política contrasta con el prestigio que atesoran algunos líderes empresariales que, incluso en medio de la crisis, están logrando sacar adelante sus compañías, colarse en los principales mercados y aumentar sus plantillas.
No es habitual que un dirigente público protagonice la portada de una revista, pero los gerentes de Mercadona, Zara y El Corte Inglés las protagonizan habitualmente. De algún modo, lleva tiempo macerándose un estado de opinión que, además de rechazar a los políticos y a sus formaciones, reivindica un mayor protagonismo de los gestores profesionales en la gestión pública, al socaire probablemente de la tecnocracia que ha devuelto la calma a una Italia que se había abonado a las convulsiones y ha logrado también contener el déficit público de la desbocada economía helena.
La cuestión es: ¿qué ocurriría si los empresarios de mayor éxito estuvieran al frente del país? ¿Tienen los políticos y los partidos algo que aprender de la cultura empresarial?
Sandalio Gómez, profesor de Dirección de Personas del IESE, subraya el realismo y la objetividad que impera en el mundo empresarial, en contraste con lo habitual en el circuito de la política.
«En el mundo de la empresa, cuando una compañía no toma las decisiones adecuadas en el momento justo, se paga muy caro, incluso con la quiebra».
«Por supuesto, cuando estás dirigiendo un Gobierno, la trascendencia de las decisiones se multiplica. No te puedes tomar el lujo de no hacer nada, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando el déficit pasó, de un año a otro, de caer un 3% a subir de golpe más de un 12%. No sólo no se tomaron las medidas necesarias, sino que se adoptaron justo las contrarias. Jamás se tomaría esa licencia un buen empresario porque su compañía quebraría y los autores del error pagarían las consecuencias. Los responsables se irían a la calle al día siguiente», remacha el profesor del IESE, en contraste con la inexistencia de dimisiones en el mundo de la política.
De hecho, los políticos que fracasan en el ejercicio del poder no suelen tener demasiados problemas para encontrar resguardo en un escaño del Congreso, del Senado o de algún parlamento autonómico.
La ausencia de responsables es precisamente otra de las reivindicaciones más compartidas por la opinión pública. También, la ausencia de análisis realistas.
«Un empresario, aunque no le guste la realidad, tiene que afrontarla. Pero un político la oculta o la manipula. Lo que nosotros enseñamos en clase es que es necesario hacer un análisis objetivo de la situación y tomar las decisiones oportunas en consecuencia. Cualquier directivo sabe eso. A ningún empresario se le habría ocurrido ocultar la situación, como hizo el Gobierno en 2008. De hecho, las compañías sabían lo que estaba ocurriendo y comenzaron a tomar medidas, pero el Gobierno no hizo nada y se limitó a decir que nuestras entidades financieras se encontraban en perfectas condiciones, y ya se ha visto que no».
A esto se suma que el ritmo con el que los dirigentes públicos adoptan y ejecutan las decisiones del Gobierno se aleja cada vez más de la inmediatez que han acuñado Internet y las redes sociales.
En la empresa privada, las decisiones ejecutivas se adoptan al momento. Pero los procedimientos políticos exigen la participación de una mastodóntica burocracia, que incluye en muchos casos el concurso de instituciones como el Senado que 34 años después de aprobarse la Constitución aún no tiene definidas sus funciones (y las que realiza son insostenibles) y del Tribunal de Cuentas, que emite sus dictámenes con lustros de retraso.
Una formación deficiente
Antonia Martínez, catedrática de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Murcia, comparte el desfase temporal entre lo público y lo privado y admite la existencia de gran margen de mejora pero puntualiza, no obstante, que la lentitud del proceso político «es consustancial a cualquier Estado democrático».
«Es en las dictaduras donde las decisiones se toman al momento».
«Además, hay que tener en cuenta que muchas de las decisiones más importantes no dependen ya sólo de España, sino de que los 27 países que componen la Unión Europea se pongan de acuerdo, y eso dificulta la adopción de cualquier medida».
Para la profesora Martínez, la política también debería aprender del sector privado en la selección de sus líderes.
La formación de los altos ejecutivos contrasta con el limitado bagaje de los políticos que en los últimos años han accedido a las más altas responsabilidades, con muy pocas excepciones.
«Está demostrado que se ha producido una caída en el nivel formativo de la clase dirigente, principalmente por dos motivos», señala la catedrática de la Universidad de Murcia.
«Primero, por las leyes de incompatibilidad cada vez más restrictivas, que no hacen rentable la política para los profesionales más exitosos. Y segundo, por la fuerza de los partidos, que echan al que piensa distinto y se sale de la foto. La gente con su propio proyecto, con formación y una opinión independiente, acaba frustrada y se larga».
Martínez afirma que la fortaleza de la formaciones facilita el control cada vez más exhaustivo de los dirigentes, lo que a su vez refuerza a los partidos, y así sucesivamente.
Es esta dinámica la que separa de la política a los ciudadanos que no forman parte del juego.
Sandalio Gómez, profesor del IESE, defiende que «no se debería poder llegar al Gobierno sólo por los méritos políticos, porque puede ser que el dirigente en cuestión no tenga ni idea de formar equipos, de delegar, de interpretar la realidad o de ejecutar».
«Por ejemplo, no se puede estar siempre divagando, algo que los políticos hacen continuamente».
«En comparación con el mundo privado, a un empresario no le puedes contar un rollo. Su tiempo vale oro y tienes que ir al grano. Pero eso es justo lo contrario de lo que impera en la política: alocuciones larguísimas que acaban sin decir nada relevante».
Gómez cree que los ciudadanos demandan un baño de pragmatismo para la política.
Análisis cortoplacistas
Para Lorenzo Navarrete, decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, el problema puede estar en que «algunos políticos se creen ungidos por la razón, el conocimiento y el Espíritu Santo, y se convierten en ególatras que desprecian la realidad».
«Lo que ocurre actualmente es en parte el resultado del desprecio absoluto que los políticos han tenido hacia las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Han hecho análisis cortoplacistas, buscando respaldos electorales, en vez de evaluar los efectos a largo plazo de sus decisiones».
Una compañía moderna se plantea todos los escenarios, opina Navarrete, los positivos y los malos, y además, con una proyección de décadas.
Sin embargo, los mandatarios se ha abonado a los programas de cuatro años y sin pensar en consecuencias imprevistas.
La ausencia de formación puede estar detrás de los errores en el control del gasto, otra cuestión clave en el mundo de la empresa que la política ha despreciado.
Lo cierto es que la crisis ha puesto al descubierto despilfarros y desajustes mayúsculos que debían haberse resuelto hace mucho tiempo, sin una recesión de por medio.
En esta nueva comparativa, la clase política también sale perdiendo.
El profesor del IESE está convencido de que «un empresario sería capaz de hacer muchas más cosas con muchísimos menos funcionarios».
«No sólo tomaría decisiones más ambiciosas, contundentes y rápidas, sino que también sería capaz de explicar mejor cómo está el país».
La catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia recuerda que en realidad el problema de la sobredimensión pública ya se descubrió en los años sesenta.
«Es la Teoría del Estado Sobrecargado: los ciudadanos cada vez demandan más servicios y los políticos, para justificar su existencia, conceden todas las reclamaciones que reciben, aún a sabiendas de que no podrán sostenerse económicamente, justo lo que ha ocurrido en España. La responsabilidad es de los dirigentes pero también de los propios ciudadanos, que piensan que el Estado les va a solucionar todos sus problemas sin pagar ni un euro más en impuestos. Cualquier pueblo quería una piscina, un polideportivo, una universidad y un aeropuerto, pero no estaban dispuestos luego a asumir el coste que implicaba».
El gasto en personal sigue subiendo
La propensión al gasto es tan elevada que, aunque se han puesto en marcha programas para recortarlo, que han incluido la rebaja de las nóminas de los funcionarios y el descenso de las tasas de reposición, en los primeros cinco meses de 2012 el desembolso de las administraciones en el capítulo de personal creció otro 1,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
El gasto se comporta como un gas noble, que encuentra siempre nuevos espacios por lo que expandirse.
En España, la cuestión se amplifica además por la multiplicación de los niveles administrativos hasta el absurdo, algo que tampoco ocurriría en una entidad privada, donde cualquier órgano innecesario sería automáticamente suprimido.
Pero en el sector público nacional, los factores políticos y los identitarios siempre han pesado más que los económicos. La crisis es el resultado.
No todas las opiniones van en la misma dirección.
César Colino, profesor de Ciencia de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), no cree que el mundo empresarial tenga mucho que ofrecer a los dirigentes políticos.
«Es cierto que la visión predominante es que, para funcionar bien, la Administración debería funcionar cómo la empresa privada, pero eso es una falacia importada de la ideología liberal que impera en países como Estados Unidos o, en menor medida, en Reino Unido, que a lo mejor puede funcionar bien allí pero no tiene por qué hacerlo en otros sitios».
El profesor de la UNED asegura que «no está nada claro que la gestión privada sea siempre mejor que la pública».
«Sólo hay que ver todas las entidades financieras que han quebrado».
«En Estados Unidos se ha demostrado que muchos gerentes manejaron mal sus compañías y generaron la crisis que luego ha afectado a todo el mundo. Me atrevería a decir que en principio no hay ni un ápice más de eficiencia en el sector privado que en el público, y puede que sea más bien al contrario. Basta con comparar lo rápido y lo bien que se puede renovar el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte, la profesionalidad con la que se hacen estas tareas, y lo mucho que cuesta dar de baja una línea telefónica con cualquier proveedor privado. Desde luego, no es verdad que lo privado siempre funcione mejor. Para nada».
Además, Colino subraya que las comparaciones en estos campos son difíciles porque el objetivo de los políticos y, en general, de la Administración no es ganar dinero, ni tampoco el interés personal, como sí ocurre legítimamente en el mundo de los negocios.
«Las instituciones no tienen por qué ser rentables y de hecho deben poder no serlo. Por ejemplo, una escuela rural, que atienda a pocos niños, no puede cerrar por no ser presupuestariamente rentable. Debería poder seguir estando abierta, aunque supusiera un desembolso sin retorno».
El profesor de la UNED sí admite que, en los partidos, «puede haber habido una mala gestión por incentivos electorales, una planificación deficiente o la búsqueda de objetivos equivocados».
Pone de ejemplo muchos de los aeropuertos que se impulsaron durante los años de bonanza, que como se ha demostrado ahora, eran completamente innecesarios.
«Habría también que recordar que muchos políticos los impulsaron porque los empresarios los reivindicaban y los consideraban necesarios o les convencieron de encargarles la construcción y la concesión de esas infraestructuras con presupuestos inflados. ¿Tienen la culpa sólo los gestores? ¿O son también responsables los empresarios, que hicieron lobby para exigir cosas que en realidad no se adecuaban a las verdaderas necesidades? Probablemente, la culpa sea de ambos».
Colino recuerda que en realidad la Administración lleva tiempo tomando prestados conceptos exitosos en el sector privado, bajo la corriente de la llamada Nueva Gestión Pública, «como el fomento de la productividad y la competitividad, la retribución variable y el control de calidad de los servicios públicos».
En su opinión, se han producido muchos cambios en los últimos años.
«En la administración española se está pasando poco a poco de la cultura jurídica, que encorsetaba cualquier decisión y ralentizaba los procedimientos, a la cultura de los resultados, más flexible y atenta a los objetivos. Hay que seguir avanzando en esta línea».
El profesor también cita las leyes de buen gobierno que se están aprobando en diferentes comunidades autónomas, así como la proliferación de agencias de evaluación o de calidad, encargadas de supervisar el correcto funcionamiento de la Administración, son avances significativos que abren nuevos ámbitos para la mejora.
Corresponsabilidad
Por su parte, Antonia Martínez cree que la percepción de los ciudadanos sobre los dirigentes cambiará si la sociedad se implica más en la confección y aplicación de las políticas públicas, fomentando así la corresponsabilidad en todas las decisiones.
«Está demostrado que aquellas sociedades que se preocupan más por las decisiones políticas tienen una mejor opinión de sus dirigentes, pero en España se piensa que el mundo de la política es algo sucio y turbio, algo que sólo genera más desapego y el resultado es una de las valoraciones de los políticos más bajas de Europa».
La catedrática de la Universidad de Murcia opina que los políticos deberían aprender de la capacidad de los empresarios «para controlar el gasto y establecer una clasificación de prioridades».
Para Sandalio Gómez, uno de los elementos que la clase política debe recuperar cuanto antes es la confianza.
«En el mundo de la empresa es clave. Si la pierdes, es muy difícil luego volver a recuperarla. Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a España. Ahora estamos pagando las consecuencias de la desconfianza total que hay sobre el país en el extranjero».
¿Sería la situación diferente si un gran empresario gestionara el Estado? El profesor del IESE no cree que durara mucho, ni siquiera al frente de en un ministerio, porque «no podría hacer prácticamente nada, al estar completamente limitado por la actitud de las plantillas, la resistencia a las innovaciones y el inmovilismo de las legislaciones».
Quizá habría que empezar por otro lado. El decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid señala otra urgencia: la necesidad de que los dirigentes políticos actúen como verdaderos líderes, algo que se da por descontado en los grandes gurús empresariales.
«El liderazgo no consiste únicamente en ser simpático, atractivo o pronunciar frases ocurrentes, sino transmitir a la gente la sensación de compromiso, trabajo y resolución. Es importante la actitud. En el mundo de la empresa, incluso el fracaso se ve como algo positivo».
Navarrete remata sus argumentaciones con una reflexión:
«Toda sociedad tiene la Administración que merece, aquella que refleja sus vicios y virtudes. Si la burocracia española es ineficiente es porque también lo es la sociedad española».
Lo mismo puede ser aplicable a la clase política.
NOTA.- LEER ARTÍCULO ORIGINAL EN ‘LA GACETA’
