José Bono renunció a cobrar estipendio de Castilla-La Mancha, lo que no parece afectar a su rumbosa vida, porque acumula una fortuna considerable y compra pisos de lujo como quien adquiere barras de pan
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Cuando los políticos o directivos finalizan su trabajo, o dimiten, en España suelen ser recompensados con una indemnización, una pensión o una ‘jubilación‘ que en ocasiones es vitalicia y casi siempre millonaria.
Pocos son los que rechazan el ‘pelotazo‘, especialmente los ex directivos de bancos.
El último caso de indemnización cuantiosa ha sido el de Carlos Dívar, alta personalidad institucional afectada por un escándalo de gasto público en usos privados.
Dívar apenas ha abandonado su cargo de presidente en el Consejo del Poder Judicial, y ya se da por hecho que cobrará 8.676 euros al mes durante dos años.
Sonado fue también el caso es el de Mike Szürs, ex director general de Spanair, que cobra 400.000 euros de indemnización tras el cierre de la empresa por quiebra.
Pero no todos los casos son iguales. En determinadas situaciones, incluso con imputaciones que caen sobre los protagonistas, las indemnizaciones se conocen antes de la propia salida de la empresa.
Cita ‘El Economista’, con tanta intención como persistencia, el caso de Iñaki Urdangarín, quien tras renovar con recientemente con Telefónica blindó su despido. Un acuerdo que asciende a 4,5 millones de euros, equivalentes a tres años de contrato.
Ex directivos bancos
Rodrigo Rato tenía derecho a una indemnización de 1,2 millones de euros tras su salida de Bankia. Indemnización que rechazó tras el debate generado por su salida de la entidad financiera previa renuncia a su puesto.
El caso de Rato es insólito. La mayoría de ex directivos no duda en aceptar la indemnización. Uno de los casos con más repercusión es el de Novagalicia -fusión de Caixa Galicia y Caixanova- donde José Luis Pego, ahora ex director general del banco, recibió una indemnización de 18,6 millones de euros, mientras que José Luis Méndez de 16,5 millones.
La CAM también ha indemnizado a sus ex directivos con 5,8 millones de euros para Roberto López Abad y 370.000 euros de pensión vitalicia para María Dolores Amorós.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, recibió una indemnización de 2,8 millones de euros y Ricard Pagés, expresidente de Caixa Penedés, 11 millones; por citar algunos ejemplos.
Ex políticos
Cambios de última hora en la legislación española afectarán a un nutrido grupo de exministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre los que se encuentran Elena Salgado y Pedro Solbes.
El Gobierno actual ha decidido que la indemnización que cobraban durante dos años consecutivos -el 80% de su sueldo- sea incompatible con otras retribuciones tanto de empresas públicos y privados.
Con estos mimbres, muchos optan por un cargo en filiales extranjeras. Es el caso del fichaje de Elena Salgado por Endesa, controlada por el grupo Enel.
Grupo que también ha incorporado en su plantilla a otros ex políticos españoles como Pedro Solbes.
Diferentes son los casos de presidentes de comunidades autónomas. Once de ellas estipulan pensiones, indemnizaciones o puestos en consejos consultivos para sus ex presidentes.
A excepción de Baleares, Cantabria, Murcia, Aragón y Canarias el resto de comunidades como Valencia, Asturias, Madrid o Castilla-La Mancha incorpora a los consejos consultivos de sus comunidades a los ex presidentes autonómicos con un salario similar al que percibían durante su etapa de presidentes.
José Bono, en su caso, renunció a cobrar estipendio de su región. Lo que no parece afectar a su rumbosa vida, porque acumula una fortuna considerable y compra pisos de lujo como quien adquiere barras de pan.
