El dinero estaría en una cuenta a nombre del empresario valenciano Ángel Cabo, que estaría actuando de testaferro, y que también ha sido detenido
Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE y ex dueño de Grupo Marsans, ha sido detenido este 3 de diciembre de 2012 por alzamiento de bienes.
No es el único empresario que se ha llevado la Policía. Los nueve detenidos hasta el momento son el citado Gerardo D.F.; Ángel D.C.S.; Iván M.L.C; Susana M.C.; Teodoro G.O.; Rafael T.A.; Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.
La Policía ha encontrado un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa del expresidente de la CEOE, 400.000 euros en el domicilio del empresario valenciano Angel de Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora, quien ejercía como secretaria de uno de otro arrestado.
Los agentes han intervenido varios coches de alta gama pertenecientes a las empresas de los detenidos en el marco de la «Operación Crucero».
La justicia tiene abiertos varios procesos contra Gerardo Díaz Ferrán. De un lado, lleva desde 2010 inmerso en un periplo judicial por la quiebra del grupo turístico.
En paralelo, se le investiga por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas Argentinas.
Además, se tramita otra causa por un delito de apropiación indebida de 4,4 millones procedentes de los clientes de Marsans.
El pasado mes de junio falleció su sempiterno socio, Gonzalo Pascual, como consecuencia de un infarto.
LAS ACUSACIONES CONTRA GERARDO
Según un informe de la brigada de blanqueo de la Policía Nacional que trascendió en julio, el que fuera máximo dirigente de la patronal española entre 2007 y 2009, ha «desviado desde una empresa irlandesa del Grupo Marsans» los fondos.
El dinero estaría en una cuenta a nombre del empresario valenciano Ángel Cabo, que estaría actuando de testaferro de Díaz Ferrán, y que también ha sido detenido.
La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción Central Número 6.
Al inicio de las pesquisas, la Audiencia Nacional ya ordenó el embargo de los bienes del empresario, que se declaró en quiebra personal al no poder hacer frente a la cantidad que se le exige y que asciende a 417 millones de euros.
Sin embargo, el fiscal sostiene que «los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes», un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal.
El responsable del Ministerio Público, Daniel Campos acusa a todos ellos de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de la compañía, cuyo concurso de acreedores ha sido tramitado por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.
El grupo turístico se declaró en quiebra en verano de 2010 dejando a más de 4700 afectados y una deuda acumulada superior a los 400 millones de euros.