Bankia, la CAM o Novacaixa Galicia, ocupan los primeros puestos entre los acreedores del expresidente de la patronal
El último informe de la administración concursal sobre la situación financiera de Gerardo Díaz Ferrán, incluido en el sumario abierto en la Audiencia Nacional por alzamiento de bienes contra el expresidente de la patronal CEOE, señala que el déficit patrimonial del empresario, que ingresó este 6 de diciembre de 2012 en la cárcel por decisión del juez Eloy Velasco, alcanza los 413 millones de euros, ya que debe 419 millones a 19 entidades bancarias y 28 empresas (la mayoría de servicios) y tan solo posee un patrimonio de 5,6 millones de euros repartido en ocho propiedades inmobiliarias.
Entre los diez primeros acreedores por volumen de deuda figuran algunas de las principales cajas y bancos intervenidos por el Gobierno y salvados con ingentes cantidades de dinero público para evitar su quiebra.
Díaz Ferrán adeuda 41,7 millones de euros a Novacaixa Galicia (segundo acreedor entre los 47 que ha señalado la administración concursal); 32,6 millones de euros a Cajamadrid (del grupo Bankia), 10,8 millones de euros a Caja de Ahorros del Meditérraneo y siete millones de euros a Bancaja.
Además, el exjefe de la patronal debe 85 millones al Banco Español de Crédito, el primero en la lista de acreedores.
Grupos hoteleros como AC, ACCOR, H21, o NH y agencias de viajes también nutren la relación de acreedores de Díaz Ferrán.
EL AUTO DE PRISION
El contenido del auto de prisión de Díaz Ferrán ha revelado algunas de las claves del caso, entre ellas que el expresidente de la CEOE ha venido recibiendo desde 2010 un pago de 100.000 euros mensuales de De Cabo, que debían completar un total de 8 millones de euros, como contraprestación por traspasarle el grupo Marsans y todos sus bienes personales.
En concreto, apunta que el acuerdo implicaba traspasar «el grupo empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros, al entramado de este último creando una aparente insolvencia» del empresario, que se declaró en concurso de acreedores a finales de 2010.
Pero mientras Díaz Ferrán cobraba los 100.000 euros mensuales acudiendo «cada dos o tres semanas» a la sede valenciana del despacho de abogados de De Cabo (Aszendia), su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, «no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento».
Estos pagos formarían parte de los 30 millones que el juez calcula que se sacaron de Marsans y que beneficiaron directamente a Díaz Ferrán en la «trama urdida» con Pascual y De Cabo para «maquinar operaciones para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores».
La «trama» de De Cabo utilizó un «elevado número de sociedades», con las que estaba directa o indirectamente vinculado y a las que desviaba «muchos de los bienes, derechos y fondos titulizados por el grupo Marsans» para aparentar insolvencia.
En total, el juez imputa cinco delitos al expresidente de la CEOE: alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Auto de prisión
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al liquidador Ángel de Cabo y a otros seis implicados en el vaciamiento de Marsans, a los que ha impuesto fianzas históricas, que superan en conjunto los 112 millones de euros.
La mayor fianza fijada hasta el momento en España para salir de prisión, 50 millones de euros, ha sido para el empresario valenciano Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y Marsans y supuesto cabecilla de la trama para ocultar bienes del grupo.
Díaz Ferrán y la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, tendrán que abonar 30 millones de euros cada uno si quieren evitar la cárcel, la misma cuantía que se fijó al empresario Javier de la Rosa, en 1999, por el caso Torras y que hasta ahora era la mayor fianza establecida en España.
El resto de los enviados a la cárcel (su cuñado Teodoro Garrido y los otros tres testaferros) tendrán que pagar 500.000 euros, mientras que la secretaria de De Cabo, Susana Mora, ha reducido su fianza a 3.000 euros -abonados hoy mismo- gracias a su «colaboración».
Sólo uno de los detenidos el lunes ha salido en libertad: Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con Hacienda.
Díaz Ferrán, Mora y Tormo han sido los únicos que han dado su versión de los hechos al juez, puesto que los seis detenidos restantes se han acogido a su derecho a no declarar.
Díaz Ferrán -trasladado a la prisión de Soto del Real- ha negado ante el juez que tenga bienes en el extranjero -con la excepción de un apartamento en Nueva York- o dinero en paraísos fiscales y ha descargado las responsabilidad de la gestión de la empresa de transporte por carretera Trapsa en su socio Pascual.
También ha asegurado que en los últimos meses tuvo que vender bienes (lo que está prohibido en el marco de su concurso de acreedores como persona física) porque afrontaba una situación económica insostenible.
Por otra parte, Díaz Ferrán ha comparecido también como imputado ante el titular del juzgado número 9 de Madrid por la concesión supuestamente fraudulenta de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja Madrid a Air Comet, entonces propiedad del empresario.
