La Junta de Andalucía adeuda a los constructores malagueños unos 118 millones de euros y los ayuntamientos alrededor de 40 millones, lo que supone una deuda total de 168 millones
Proveedores de comunidades y ayuntamientos siguen asfixiados, víctimas de la morosidad pública.
No ha pasado aún un semestre desde que se acometió el plan de pago a proveedores de las autonomías, y menos aún desde que se implementó el de ayuntamientos, y la bola de impagos ha vuelto a crecer como si de nada hubiera servido lo ocurrido.
Las empresas siguen financiando a las administraciones, que incumplen en gran medida los plazos de la Ley de Morosidad.
J. Alfonso, J.M. Camacho, J. Sacristán y V. Sosa, periodistas de elEconomista han hecho una batida por comunidades autónomas para recoger ejemplos de este problema que parece no tener fin.
Y su informe es devastador:
- De las 3.100 farmacias que hay aproximadamente en Cataluña, un total de 10 han cerrado a lo largo de este año.
- Peor lo están pasando las farmacias valencianas, a las que el Gobierno valenciano debe cuatro meses y medio de facturas, unos 430 millones, lo que ha llevado a varias a concurso de acreedores y a muchas a reducir plantilla.
- También la morosidad pública está afectando gravemente al sector de la construcción en Andalucía. Los autónomos y pymes andaluzas no denuncian por miedo a las represalias de las administraciones.
- Uno de cada cuatro autónomos que cierra su negocio en la provincia de Málaga lo hace por culpa de impagos de las administraciones del Estado.
- Las empresas de formación tienen deudas pendientes desde el año 2006, especialmente en la provincia de Sevilla, que aglutina 25 de los 100 millones pendientes de pago al conjunto del sector en la comunidad.