El descubrimiento de las cuentas de Bárcenas, ex tesorero del PP, no es un escándalo puntual, sino el testimonio de una realidad subyacente mucho más extendida
El ingreso en prisión de Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, decretada por el juez Elpidio José Silva, es un hecho singular en España que no se repetía desde Mario Conde.
El juez considera que realizó una pésima gestión bancaria en la compra del City National Bank de Florida, y lo acusa de supuestos delitos societarios, administración desleal, falsedad documental y posible apropiación indebida.
El ministerio fiscal, que ha recurrido la decisión del juez, no está de acuerdo con el ingreso en prisión de Blesa.
Más allá de cuál sea la resolución del caso, que incluso puede terminar con la expulsión de Silva de la carrera judicial, la imputación del banquero llama poderosamente la atención por ser la primera vez que, desde el inicio de la crisis, alguien se atreve a exigir responsabilidades a los banqueros y dirigentes financieros.
Los costes de la depresión se distribuyen de manera muy desigual entre una sociedad civil crecientemente debilitada y una alianza simbiótica todopoderosa entre la partitocracia dominante y la privilegiada oligarquía financiera y empresarial.
Los partidos políticos se mantienen económicamente con el dinero oculto que reciben de las entidades financieras y de las grandes empresas.
El descubrimiento de las cuentas de Bárcenas, ex tesorero del PP, no es un escándalo puntual, sino el testimonio de una realidad subyacente mucho más extendida.
Y los partidos responden a esta financiación empresarial con privilegios y concesiones, a costa de los intereses públicos. Como se ha podido comprobar, cada una de las presuntas entregas de dinero al PP ha ido seguida habitualmente de la concesión de contratos de obras por valor de miles de millones de euros.
Otra comprobación a hacer sería la de contrastar las cantidades iniciales con que se licitaron estas obras con el coste efectivo final.
También los partidos políticos optan por socializar las pérdidas bancarias y rescatar a los bancos en quiebra con dinero que deberán devolver los contribuyentes.
Y los bancos responden multiplicando los depósitos de los clientes, no para financiar a empresas y familias, sino para financiar los proyectos políticos y suscribir la deuda pública.
Exigir responsabilidades civiles y penales, si es necesario, a los banqueros es una condición necesaria, pero no suficiente para volver a la normalidad.
Se requiere un segundo paso para romper el círculo vicioso entre el poder político, el financiero y las grandes corporaciones empresariales que viven gracias a los decretos publicados en el BOE.
Y no estoy pensando en las prácticas jurídicas habituales, por ejemplo, en la Cataluña de los siglos XIII y XIV con los Usos de Barcelona. Los Usos eran mucho más ejemplares y efectivos que la actual selva legislativa que protege a tantos ladrones de cuello blanco.
Así, el 13 de febrero de 1300 se estableció que aquel banquero que se declarara en quiebra sería humillado con el escarnio por toda Barcelona y forzado a devolver el total de los depósitos a sus acreedores.
El 16 de mayo de 1301 también se decidió obligar a los banqueros a obtener fianzas y garantías para poder operar en el negocio bancario. Quien las obtenía colocaba un mantel en el lugar de trabajo como señal externa de garantía, mientras que aquel que no las conseguía no podía hacerlo. Todo banquero pillado operando con mantel, pero sin fianza, era declarado culpable de fraude.
El 14 de agosto de 1321 se estableció que todos los banqueros declarados en quiebra, si no pagaban las deudas en el plazo de un año, serían pregonados por toda Cataluña, decapitados y sus propiedades vendidas para poder pagar los acreedores.
Comparemos el siglo XIV con la gran crisis de 2008, donde no sólo no se castiga el fraude bancario, sino que se rescatan los bancos en quiebra con cargo al contribuyente.
Ciertamente, una involución histórica que tal vez la decisión del juez Silva puede empezar a enderezar. Pero una involución histórica que ha sido posible gracias a las teorías económicas pseudocientíficas y liberticidas de keynesianos y monetaristas, que defienden el monopolio público de la emisión de la moneda e imposibilitan la libre competencia monetaria.
Es necesario que los bancos retornen a su función básica de intermediación financiera sin privilegios y sometidos a los principios generales del derecho.
Hay que evitar que las entidades financieras, en las etapas alcistas, continúen creando y concediendo un crédito que no tienen a unos sectores que no lo necesitan, gracias al apoyo del estado y del prestamista de última instancia.
Este es muy probablemente uno de los retos más importantes que tenemos.