Asegura el Tribunal Supremo que no se puede indultar la aplicación de la normativa bancaria
El Tribunal Supremo ha decidido este 12 de febrero de 2013 anular el indulto concedido a Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al estimar que se excedió en su ámbito de aplicación al establecer que no le podía afectar ningún «impedimento para ejercer la actividad bancaria».
El Tribunal concluye que no puede ser objeto de indulto la aplicación de la normativa bancaria, que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con antecedentes penales por delito doloso.
Según el Supremo, la ley de indulto permite conmutar los delitos y sus penas accesorias, pero no una norma de cáracter administrativo como es la bancaria.
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha considerado que la posibilidad de indultar de la que dispone el Ejecutivo no le faculta para eliminar los antecedentes derivados de su previa condena penal.
Se trata de una estimación parcial, decidida de manera unánime por el Supremo, del recurso presentado que anula los efectos administrativos del indulto, pero que la mantiene en su parte penal.
«Se ha atendido el recurso en lo relativo a la inhabilitación«, explicó un portavoz del Supremo que señaló que el tribunal entiende que se mantienen los antecedentes penales del indultado independientemente de la suspensión de la pena, potestad del Gobierno.
Por lo tanto, el Banco de España será ahora el encargado de dilucidar si Sáenz puede seguir al frente de Santander, ya que el Supremo mantiene los antecedentes penales del banquero, aunque se mantiene el indulto de la pena de cárcel.
El recurso sólo afectaba a un párrafo del indulto, el relativo a la incidencia de la medida de gracia en la normativa bancaria que inhabilitaba al banquero. En concreto, los recurrentes consideraban «ilegal» el párrafo del Real Decreto que excluye «cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto».
Reacción de Guindos
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha eludido pronunciarse este martes sobre la decisión del Tribunal Supremo y se ha limitado a señalar que tanto el Gobierno como el Banco de España aplicarán el fallo, que podría inhabilitarle para el cargo.
«No tengo nada que comentar, respeto absoluto a las sentencias del Supremo», ha dicho Guindos en rueda de prensa al término del Ecofin, durante la cual ha conocido el fallo.
«No tenga usted la más mínima duda de que tanto el Banco de España como el Gobierno aplicarán la ley al respecto, como no puede ser de otro modo, y respetarán las sentencias».
Por lo que se refiere a la nueva norma que prepara al Gobierno sobre honorabilidad de los directivos bancarios, que permitiría al Banco de España autorizar a banqueros condenados a seguir ejerciendo en determinados casos, el ministro de Economía ha sostenido que este reglamento «no va a favor ni en contra de nadie».
Guindos ha explicado que la norma responde a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea y que todavía no está en vigor, sino que se ha sometido a consulta pública y el Gobierno tomará una decisión final una vez que haya escuchado todas las opiniones.
Recurso contra el indulto en 2012
El Supremo admitió a trámite el pasado mes de enero de 2012 el recurso presentado por un accionista de Banco Santander contra el indulto concedido por el anterior Gobierno.
Según la resolución de entonces, la sala tercera de lo contencioso-administrativo decidió admitir a trámite el recurso y requirió el expediente informativo del caso al Gobierno, ya que el indulto fue aprobado en un decreto del Consejo de Ministros.
El 25 de noviembre de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió indultar a Sáenz de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paralizaba la ejecución de la sentencia y se le permitía seguir en el cargo, a pesar de la oposición del fiscal y del propio tribunal.
Un indulto polémico
Alfredo Sáenz solicitó al Gobierno español el indulto con relación a una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al ejecutivo de la entidad cántabra a tres meses de arresto y de inhabilitación por un delito parcial de acusación falsa contra unos deudores de Banesto.
A principios de marzo de 2011, Santander explicó en un comunicado que además de pedir el indulto al Gobierno, Sáenz recurriría ante el Tribunal Constitucional las sentencias del Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona, que le condenó por los mismos hechos a finales de 2009.
El Gobierno socialista tomó esta decisión en la primera reunión del Consejo tras las elecciones del 20 de noviembre, a tan solo unas semanas de traspasar los poderes al Partido Popular.
Asimismo, el Gobierno también indultó a los otros dos condenados por el mismo caso, Rafael Jiménez de Parga Cabrera y Miguel Ángel Calamina Teixeira.
