El pasado jueves 16 de mayo de 2013, a las nueve de la mañana, Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid durante 13 años, era citado por el juez Elpidio José Silva con carácter de urgencia.
Blesa acudió al juzgado número 9 de Madrid. Allí prestó declaración durante varias horas. Esa misma tarde el juez dictaba su ingresó provisional en prisión, eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros.
La acusación: un presunto «delito societario de administración desleal», compatible con otros delitos de apropiación indebida y falsedad en documento público.
Blesa no pudo aportar la fianza en el plazo fijado. Ingresó en prisión. Menos de 24 horas después llegó el dinero.
Blesa salía libre tras de una noche de prisión y, eso sí, con la inevitable «pena de telediario».
¿Por qué ha entrado Blesa en la cárcel si la Fiscalía no lo había pedido?
Medios judiciales consultados por ‘La Gaceta’ consideran que la medida de prisión provisional era, cuando menos, arriesgada. Según ellos, los delitos que se imputan a Blesa no justifican la cárcel.
El término «gestión aberrante» empleado por el juez denota sin duda unas prácticas reprobables, y hay que suponer que el magistrado posee indicios suficientes para considerar que han sido, además de reprobables, delictivas, pero la literalidad del auto no permite asentar la certidumbre del delito.
Gestiones «aberrantes»
Los hechos «aberrantes» de la gestión de Blesa al frente de Caja Madrid son sobre todo cuatro. En primer lugar, los créditos multimillonarios en condiciones de riesgo.
Por su propia naturaleza, estos créditos parecen dictados por consideraciones de carácter político o clientelar y no por oportunidades reales de negocio.
Se trata, por ejemplo, de los concedidos a partidos políticos o a notables grupos de comunicación, que se habrían beneficiado de préstamos muy superiores a sus posibilidades reales de devolución.
Ahora bien, esas mismas circunstancias concurren en otras entidades bancarias, y muy particularmente en otras cajas de ahorros, que no por ello se han visto llevadas ante la Justicia.
Entre esos créditos de riesgo se menciona, en el caso de Blesa, el concedido al Grupo Marsans, el emporio del entonces presidente de la patronal Díaz Ferrán, hoy en prisión por delito económico.
Caja Madrid, en efecto, financió a Díaz Ferrán en condiciones de excesivo riesgo con 26,6 millones de euros.
Ahora bien, Caja Madrid no fue la única: al menos otras dos entidades financieras concedieron a Díaz Ferrán créditos en semejantes condiciones y ninguna de ellas ha tenido que responder ante los tribunales por este hecho.
El tercer elemento «aberrante» en la gestión de Blesa son las participaciones preferentes, complejos productos financieros que muchos clientes de la caja adquirieron pensando obtener una rentabilidad que al final se esfumó.
Las preferentes son emisiones de deuda sin un plazo definido: el banco o caja que las emite paga al inversor en función de los resultados que obtiene con ese dinero, e incluso puede no dar nada.
Durante los años de bonanza, las preferentes tuvieron una rentabilidad muy alta, pero en cuanto empezó la crisis su resultado se quedó en cero.
Los bancos que emitieron preferentes aseguran que advirtieron a sus compradores de que no había garantía de cobrar beneficios.
Muchos afectados, sin embargo, denuncian que a ellos se les ofreció el producto como si se tratara de depósitos a plazo fijo.
En todo caso, Caja Madrid no ha sido la única: otras entidades financieras recurrieron al mismo procedimiento y sus clientes han perdido igualmente su dinero. Habrá que pedir cuentas a los responsables, pero, en todo caso, no es un delito de cárcel.
Un banco en Florida
El cuarto hecho por el que Blesa se ve ante los tribunales es el más oscuro de todos ellos y seguramente el único que puede justificar el auto de prisión del juez Silva.
Se trata de la compra del City National Bank of Florida, una pequeña entidad norteamericana que Caja Madrid adquirió cuando ya había estallado la crisis financiera global y por la que pagó la friolera de 927 millones de euros más otros 190 millones en concepto de opción de compra.
El valor real del banco, según el juez, era de sólo 581 millones de dólares. Blesa declaró en el juzgado este jueves que el «sobreprecio desembolsado por el BNBC se debió a que era mejor banco, más dimensionado y, en suma, rentable».
Pero el juez Silva asegura que, si esto es así, entonces no se entiende cómo «en tan poco tiempo sufrió tal merma en la valoración».
El auto del juez añade:
«Y todo ello, unido al curso causal dimanente de la crisis económica imperante, posiblemente condujo al colapso a la entidad financiera.
En definitiva, aquí la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del imputado Miguel Blesa».
Medios del sindicato Manos Limpias, que está llevando la acusación particular en este caso, sostienen que es aquí, en el asunto del Banco de Florida, donde está el meollo delictivo del caso Blesa.
Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias presente en el litigio, afirma que la clave está en el ordenador de Blesa, intervenido por el juez, y expresa su seguridad de que «aparecerán nuevas pruebas que le inculpen aun cuando haya pagado su fianza para salir de la cárcel».
López Negrete explica que es precisamente la lectura de los ordenadores de Blesa lo que ha llevado al juez a tomar la decisión de pedir cárcel ahora, después de tantos años de instrucción.
Manos Limpias no sólo ve un evidente sobreprecio en la compra del City National Bank de Florida, sino que sospecha que puede haber «más de 100 millones de dólares en comisiones indebidas» e incluso «partidas en paraísos fiscales», según explicó el abogado Luis Pineda.
Por cierto: el abogado también ha interpuesto una querella contra el Banco de España por su insuficiente supervisión. El caso está en el juzgado número 7 de Madrid.
¿Mala imagen?
Fuentes empresariales, que insisten en salvaguardar su identidad dicen que «se ha abierto la veda del financiero» y que «las consecuencias están ya siendo calamitosas para la economía española».
La tesis que se mueve en esos medios, donde rara vez se censura la mangancia de algunos de sus representantes más conocidos, es que la persecución judicial a nombres significativos de la empresa y la banca sólo puede conducir a una retirada de inversores, tanto españoles como extranjeros.
«Nadie se atreve a trabajar en un país donde puedes acabar en la cárcel sin que haya sentencia previa».
En un ambiente tan crispado por la crisis y el paro, los banqueros y los grandes empresarios se convierten en objeto de la ira social.
«A Blesa nadie le ha condenado pero ya ha pisado la cárcel», señalaba un importante empresario madrileño:
«Lo cual es tanto como una condena de hecho: diga el juez lo que diga y pase lo que pase en el proceso, Blesa ya está hundido».
La preocupación de estos medios empresariales es que hechos como este transmitan una imagen de España como lugar poco seguro para jugarse el dinero:
«Empresas como Isolux Corsán ya están abandonando su sede española y parece que a nadie le importa».
Isolux Corsán es el primer grupo empresarial español no cotizado del sector de la construcción y la obra pública y actualmente trabaja en 23 países.
«Por las mismas razones mañana podría marcharse Telefónica».
Desde Manos Limpias, por el contrario, se considera que el ejemplo de Blesa no tendrá efectos negativos, sino benéficos:
«Perseguir los delitos, sean de quien sean, no crea alarma, sino seguridad jurídica. Lo que crea alarma es ver que las irregularidades y las arbitrariedades no tienen castigo».
