El ministro Montoro dice que 20 millones de contribuyentes dispondrán de más renta a partir del 1 de enero

La Reforma Fiscal de Rajoy: «Castigo a los ricos y premio a las rentas menores de 30.000 euros»

El Gobierno pospone las medidas que afectan a los tributos cedidos a autonomías y municipios

La Reforma Fiscal de Rajoy: "Castigo a los ricos y premio a las rentas menores de 30.000 euros"
Empresario, autónomo, clase media e impuestos. MH

Es un proyecto para ganar votos, que sigue castigando las rentas altas del trabajo, porque Montoro no bajará los impuestos a las clases altas para atraer los votos de las medias y bajas

Afirma tajante Amador G. Ayora, director de ‘El Economista’, que el ministro Montoro no bajará los impuestos a las clases altas para atraer los votos de las medias y bajas.

Estoy sorprendido a la par que avergonzado del populismo de nuestros políticos.

La palabra rico o de clase alta se ha convertido en una especie de demonio, del que huyen todos. Desde la izquierda radical al actual Gobierno, presuntamente de derecha liberal.

Por su indudable ínterés para el conjunto de los españoles, teniendo en cuenta la personalidad de quien firma, reproducidos los fragmentos esencial de su editorial, que se titulado «Una reforma más populista que real»:

De quien menos esperaba un ataque contra los que más ganan era de nuestro ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien este 20 de junio de 2014 reconoció públicamente que la reforma favorecía a las clases medias y bajas.

Montoro se olvidó de los contribuyentes con más de 60.000 euros brutos anuales, para los que apenas habrá reducción de impuestos.

Es más, el ministro castiga a los contribuyentes con ingresos superiores a 100.000 euros y, sobre todo, a los que ganan más de 150.000. ¿El motivo? Son sólo alrededor de 30.000 personas y, por tanto, su voto es poco determinante en unas elecciones generales.

Aquí tienen la primera consecuencia de la amarga victoria del PP en las europeas. Un guiño a las clases medias y bajas para intentar recuperar el voto a costa de los mal llamados ricos.

Una especie demonizada contra la que los políticos disparan a discreción para eludir sus responsabilidades.

¿Cómo iban a bajar los impuestos sin tocar apenas la recaudación?, nos preguntábamos. Ya tenemos la solución: que los que más tributan paguen la fiesta. El problema es que son también los que más consumen y de cuya demanda depende que otros sectores salgan de la crisis.

Por eso quizá el ministro cifró en sólo medio punto porcentual sobre el PIB el impacto de su medida. En estas circunstancias, se entiende su férrea oposición a subir el IVA, porque ello remataría la tambaleante demanda interna.

Se equivoca, sin embargo, Montoro. Como director de elEconomista he aprendido en estos últimos años que esos pocos miles de ciudadanos que gozan de mayor renta en nuestro país son los responsables de que millones de personas tengan empleo, aunque sea precario, y de la creación de riqueza; también son los que abanderan las iniciativas innovadoras o de exportación que nos están permitiendo salir de la crisis; los que, en definitiva, marcan las pautas desde ideológicas hasta sociales que luego siguen los demás. Tengo serias dudas, señor ministro, de que pueda sacar adelante este país dando la espalda a sus empresarios y altos directivos.

El grueso del recorte será en el año de las elecciones y en el siguiente. Es cuando menos sorprendente que casi la mitad de la rebaja fiscal se alargue hasta la próxima legislatura, una especie de reclamo electoral.

Además, ¿dónde está la simplificación de la estructura fiscal o la reducción de las trabas administrativas que prometió? Se incrementan las deducciones por familia numerosa, por minusvalías o por mayores a cargo en un gesto social encomiable, dirigido más a defenderse de las críticas de la izquierda y a ganar votos, que a impulsar la economía. Ni rastro del recorte de cotizaciones, ni siquiera existe un compromiso a futuro para revertir las dos subidas aplicadas el año pasado.

El Ejecutivo incrementa en estos días la publicidad sobre la tarifa plana en la Seguridad Social para micro pymes y autónomos.

Una iniciativa acertada, pero ¿qué hay del resto?

Tengo muchas dudas de que esta reforma vaya a crear empleo, cuando no toca las cotizaciones sociales ni los impuestos de las pymes, que son las verdaderas generadoras de trabajo.

De hecho, el ministro ni siquiera se atrevió a cuantificarlo. El efecto de la rebaja de sociedades en dos tramos también es cuestionable, ya que muchas empresas tributan ya por debajo del 25 por ciento.

Lo advertimos en elEconomista, que nadie espere una verdadera rebaja de impuestos. Montoro apenas tiene margen para acometerla.

El ingreso fiscal se mantendrá en torno al 37 por ciento después de la reforma, mientras que el gasto rondará el 43 por ciento en 2014. La recaudación crece el 5 por ciento en lo que va de año, pero es insuficiente para sostener la reducción del gasto público exigida por Bruselas.

Con la reforma de la financiación autonómica aún en ciernes, es imposible plantear un cambio en profundidad. Consciente de ello, Montoro optó por acometer un conjunto de retoques, dirigido a ganarse a los ciudadanos con ingresos anuales de hasta 25.000 ó 30.000 euros, la inmensa clase media española.

Donde sí tuvo que claudicar el ministro es en los gravámenes sobre las rentas del capital, que retrocederán en 2016 al nivel en el que estaban en 2011, mientras que las actuaciones para favorecer el ahorro a largo plazo son un misterio, que desvelará este lunes.

Montoro estuvo muy desafortunado cuando volvió a excusarse con que la subida de impuestos fue «para evitar mayores recortes del gasto público, que hubiera dañado la economía».

Parece que el titular de Hacienda se perdió una de las clases donde se explica la teoría básica de la economía: la reducción del gasto público impulsa la actividad en lugar de apagarla.

Estimado ministro, quiero recordarle que han sido los políticos (aunque no sean del PP) los causantes de la crisis y no los empresarios y directivos a los que ya jamás revertirá el alza de impuestos. Esta semana, el presidente la Comisión Europea, Durao Barroso, culpó al exgobernador del Banco de España del caos financiero, que estuvo a punto de llevarnos al rescate.

Algunos banqueros salieron en defensa de la institución. Y es cierto que la Inspección del Banco de España avisó del deterioro del balance de las antiguas cajas.

Pero el exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cedió a las presiones de los presidentes de las autonomías afectadas y ello condujo a repartir el riesgo entre los clientes de las entidades, a los que colocó las preferentes, en lugar de atajar los problemas. El resultado es el conocido.

Ahora entiendo las diatribas entre Pedro Solbes y Zapatero, que han visto la luz pública últimamente. El expresidente socialista prefirió el optimismo de Ordóñez a escuchar las alarmas de Solbes. La explicación de Zapatero y Ordóñez es que nadie pudo intuir una crisis tan colosal (sobre todo, ellos), pero los platos rotos los pagamos entre todos.

Zapatero vive opíparamente dando conferencias a costa de la Alianza de Civilizaciones y con su sueldo público del Consejo de Estado. Ordóñez, que hasta ahora mantuvo despacho en el Banco de España, ultima los trámites para entrar en el órgano de administración de una entidad financiera. Estos son los culpables, ministro.

Quiero terminar con mi homenaje al Rey Felipe VI. Se ha producido un alarmismo innecesario sobre la posibilidad de que vuelva la República.

No hay más que echar un vistazo a los libros de historia para comprobar que la Monarquía española no había vivido jamas un período tan próspero y estable como el actual.

Las voces discordantes son mínimas y agrandadas por el altavoz de algunos medios de comunicación. La abdicación del Rey Juan Carlos y la proclamación del nuevo Monarca cosechó el 90 por ciento de los votos parlamentarios. No veo motivos para preocuparse por la estabilidad política que da a España la monarquía, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario.

El discurso con que Felipe VI inauguró su reinado puso el dedo sobre las tres llagas de la política nacional: la falta de integridad y de transparencia; la defensa de la uniformidad en lugar de la diversidad de España y la situación económica, sobre todo el problema del desempleo. El nuevo Rey tiene las cosas claras y demuestra una firme determinación para resolver estos problemas.

Pero es Rajoy y no Don Felipe quien debe proponer una solución a las reivindicaciones nacionalistas.

El retraso sin fecha fija de la reforma de la financiación autonómica es una prueba más de que Rajoy está tentado de que el problema se pudra, que es la mejor manera de que se vuelva irresoluble. La estabilidad que aporta la Monarquía apenas servirá sin una acción decidida del Gobierno.

 

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