Unión del Pueblo Navarro (UPN) exige que el Congreso y la Administración General del Estado firmen de una vez el convenio de colaboración que hace falta para que la Oficina Presupuestaria de las Cortes, que fue creada mediante una ley hace ya cuatro años, pueda por fin empezar a ejercer sus funciones «plenamente».
Así lo recoge el diputado navarro Carlos Salvador en una enmienda presentada al proyecto de ley de Actividad económica y financiera de los partidos, que se engloba en las medidas anticorrupción y por la regeneración democrática que el Ejecutivo ‘popular’ ha reactivado esta semana. En concreto, Salvador exige en su enmienda, que recoge Europa Press, que un mes después de que entre en vigor dicha normativa, la Secretaría General del Congreso y la Administración General del Estado firmen el convenio de colaboración necesario para que la Oficina Presupuestaria pueda «desempeñar su cometido de forma plena». Y es que la resolución de las Mesas del Congreso y del Senado de julio de 2011 para regular la composición y funcionamiento de esta Oficina obliga a la firma de un convenio –sin perjuicio de eventuales acuerdos posteriores– con los servicios de información, coordinación y programación presupuestaria de los ministerios de Economía y Hacienda para «facilitar el acceso a sus bases de información contable y presupuestaria». Este acceso debe incluir, según versa en la resolución, el sector público empresarial y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como acceso al Sistema de Información Contable (SIC). HACE CUATRO AÑOSAunque en la resolución no se establece ningún plazo para la firma de este convenio, lo cierto es que han pasado ya tres años desde que las Mesas de Congreso y Senado aprobaran las normas de funcionamiento de la Oficina Presupuestaria de las Cortes y cuatro desde que entró en vigor la normativa que crea este organismo.
De hecho, el pasado mes de abril el PSOE pidió al órgano de gobierno de la Cámara Baja que la Oficina recabara información sobre el grado de ejecución del Presupuesto de 2014 y se la trasladara a los grupos, algo que Jesús Posada rechazó argumentando que según el Reglamento toda solicitud de documentación debe canalizarse a través de la Presidencia. Ante la aparente contradicción entre el Reglamento del Congreso y la Ley de la Oficina Presupuestaria, que establece explícitamente que las funciones de la Oficina son prestar asesoramiento técnico a los órganos de las Cortes, diputados, senadores y grupos parlamentarios, Posada decidió encargar un informe a los vicepresidentes primero y segundo del Congreso, la ‘popular’ Celia Villalobos y el socialista Javier Barrero. En estas circunstancias, y a falta del convenio de colaboración, la puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria lleva dos presidentes. Comenzó en abril de 2013 con Vicente Fernández de Gamarra, un alto funcionario jubilado del Ministerio de Hacienda, y desde septiembre de este año ocupa el puesto Lidia García Fernández, letrada de las Cortes. La Oficina Presupuestaria de las Cortes está adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso y tiene su sede en el palacio de la Carrera de San Jerónimo. Está compuesta por una unidad de Seguimiento Presupuestario, control de la ejecución del Presupuesto y asesoramiento técnico-económico en materia presupuestaria; y otra de evaluación y asesoramiento económico.
