El PP pide que el Gobierno adapte la financiación de la Seguridad Social a la «situación real» de sus gastos

El PP quiere que el Gobierno central adapte la financiación que recibe la Seguridad Social a la «situación real» de sus gastos, al menos temporalmente, de modo que no se siga incrementando el déficit de financiación afectada ni se generen tensiones de liquidez en el sistema.

Así se recoge en una del medio centenar de propuestas de resolución que los ‘populares’ han registrado en el Congreso al informe de la Cuenta General del Estado de 2012 del Tribunal de Cuentas, propuestas que serán debatidas el próximo martes por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En concreto, el PP propone en su iniciativa, que recoge Europa Press, instar al Gobierno a «adaptar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación real de los gastos que deben ser financiados a través de este sistema, para impedir que el actual desfase siga produciendo un incremento del déficit de financiación afectada».

Una circunstancia que, en el medio plazo, puede «dificultar» la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y, a corto plazo, puede incluso generar tensiones de liquidez al sistema, según señala el PP.

MAS CONTROL DE ENTIDADES PARTICIPADAS

El partido que da sustento al Gobierno también reclama que se impulsen las modificaciones normativas necesarias y se regule la rendición de cuentas de las entidades en las que las administraciones públicas ejercen un «control efectivo» aunque su participación en el capital o fondo social de las mismas no sea mayoritario. Igualmente, habría que regular las rendición de cuentas de entidades donde participan de forma paritaria varias administraciones.

Tanto al Ejecutivo como al propio Tribunal de Cuentas, el Grupo Popular les propone requerir a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a que, en el plazo de seis meses, disponga de un Inventario General de Bienes y Derechos «completo, actualizado y conciliado».

Asimismo, los ‘populares’ creen que el organismo fiscalizador debería preparar un «resumen sencillo y con terminología asequible» de la Cuenta General del Estado de cada año para que más ciudadanos puedan acceder a esta información sin necesidad de tener formación económica o contable específica.

Dado que año tras año el Tribunal detecta gran número de compromisos de gasto adquiridos para ejercicios futuros, sobre todo a resultas de la deuda pública, también se le sugiere que realice un «análisis de su antigüedad, su vida media, su riesgo de refinanciación y su distribución, según si ha servido para financiar déficit no financiero o financiero.

INFORMES MAS RAPIDOS

El PP también recoge la propuesta planteada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, y pide a la Intervención General del Estado que elabore informes provisionales de ejecución presupuestaria para que el organismo fiscalizador tenga información presupuestaria con una mayor celeridad y pueda presentar su informe con un menor retraso respecto del año analizado.

Con ello, se podrían cumplir los plazos establecidos en la Ley del Tribunal de Cuentas sobre el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, otra de las recomendaciones que se hace, junto con la de tener en cuenta las auditorías que realizan tanto la Intervención General del Estado como otros auditores de las sociedades mercantiles «en aras a mejorar la eficacia en la utilización de los recursos públicos» y reducir los plazos.

Asimismo, las recomendaciones ‘populares’ recogen propuestas que se repiten año tras año como que se trabaje para subsanar los errores y deficiencias que se detectan en las cuentas presentadas o que la rendición de información se haga en forma y plazo. En caso de incumplimiento, se deberían imponer las sanciones previstas en la Ley de Transparencia.

También habría que incrementar paulatinamente la información contenida en las cuentas de los diferentes entes del ámbito público así como en los inventarios, y se tendría que prestar «especial atención» al cumplimiento de la obligación de publicidad de las cuentas, fomentando entre todos los niveles de la administración su publicación, no sólo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sino también en sus respectivas páginas web.

Cuando las entidades públicas presenten informes de auditoría de sus cuentas con opinión favorable con salvedades, con opinión desfavorable o con opinión denegada habría que trabajar por subsanar las deficiencias observadas, lo mismo que las que se detectan en la ejecución y liquidación de los presupuestos de gastos e ingresos.

Por otra parte, el PP defiende la necesidad de vigilar que también las recomendaciones que hacen las Cortes, el Tribunal de Cuentas y la intervención se siguen, y que se informe sobre las causas que motivan las principales desviaciones presupuestarias.

Finalmente, los ‘populares’ proponen que el Tribunal de Cuentas también pueda analizar otra información económico-financiera relevante del sector público empresarial, fundacional o de consorcios.

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