El PSOE advierte de que el fin de la renta antigua en locales comerciales podría provocar 200.000 despidos

El PSOE ha exigido este martes al Gobierno que «reaccione» y que tome medidas para evitar el fin del régimen de alquiler de renta antigua en locales comerciales a partir del próximo 1 de enero, porque eso podría provocar 200.000 despidos que el país no se puede permitir.

Así lo ha señalado la portavoz socialista de Vivienda en el Congreso, Leire Iglesias, en declaraciones a los medios antes de reunirse con representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la Plataforma ‘No al cerrojazo’, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

«Estamos tremendamente preocupados por la situación de los comercios, que ya no sólo sufren la situación de crisis económica, sino que además en unos días se enfrentarán a la desaparición de los arrendamientos de renta antigua en los locales comerciales. Si desaparece esa fórmula de alquiler, se podrían perder cerca de 200.000 puestos de trabajo y cerca de 60.000 locales comerciales», ha avisado la diputada extremeña.

EL GOBIERNO LLEGA «SIEMPRE TARDE»

Ante esta situación «altamente preocupante», el principal partido de la oposición presentó en el Senado una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 para que los contratos de este tipo celebrados antes del 9 de mayo de 1985 puedan prorrogar su situación durante cinco años a contar desde el 1 de enero próximo.

Dado que esta enmienda ha sido rechazada, los socialistas avanzan que seguirán presentando iniciativas parlamentarias, pero también piden al Ejecutivo que «reaccione» para evitar que le pase como en otras ocasiones, porque «siempre espera hasta el último minuto y siempre llega tarde».

En nombre de las diferentes asociaciones, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, ha reconocido que tienen «pocas esperanzas» de poder cambiar las cosas en los próximos quince días, aunque aún insisten en la vía legislativa por la que el Ejecutivo conceda una «moratoria extraordinaria» a la renta antigua a cambio de una «actualización de los valores» que pagan los inquilinos y de una renegociación de las condiciones.

RENEGOCIAR LAS CONDICIONES

Así, argumenta, se evitaría la pérdida de comercios y puestos de trabajo, así como la desaparición del tejido urbano comercial tradicional, ya que la mayor parte de los locales afectados son «cafés, tabernas y los comercios más clásicos» de las ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, que «tienen un importante efecto sobre el turismo».

«Pero en este momento, a no ser que hubiera una medida de urgencia del Gobierno, nos tememos que la situación es inevitable», lamenta el dirigente de UPTA, que asegura que aunque ciertas ramas del PP entienden el problema, ni el Ministerio de Fomento ni el área de Comercio del Ministerio de Economía quieren tomar medidas, alegando que «ha habido un periodo muy largo» para que los afectados llegaran a acuerdos y que «hay que dejar que sea el mercado el que libremente actúe».

«Sin tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales, porque hablamos de más de 100.000 empleos que se podrían perder, que además corresponden a personas de bastante edad que serán sustituidas por personas con contratos muy precarios», ha señalado, apuntando que si el 1 de enero se consuma el fin de la renta antigua en locales comerciales, su principal objetivo será «intentar por todos los medios que se produzcan cierres» y defender a los afectados en función de su situación particular.

A la reunión han asistido también el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Angel Heredia; el portavoz de Economía, Juan Moscoso del Prado; el de Comercio, Félix Lavilla, y el de Fomento en el Senado, Juan Manuel Fernández.

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