La oposición en el Congreso pide al PP «más concreción» en su petición de cambios en los contratos formativos

Los partidos de la oposición en el Congreso han criticado este martes la «falta de concreción» de la proposición no de ley que el PP ha defendido para pedir al Ministerio de Empleo cambios en la normativa reguladora de los contratos formativos y un incremento en la labor inspectora para evitar el fraude.

Durante el Pleno en la Cámara Baja, la diputada ‘popular’ Lourdes Méndez ha señalado que además de estimular las contrataciones de los jóvenes es «importante» asegurar que los contratos de formación se regulan con calidad y respetando el Estatuto de los Trabajadores. Por eso, plantea estudiar las mejoras necesarias para «adecuar un marco de calidad para los contratos formativos en aras a conseguir un empleo estable tras su finalización».

«Es necesario que estas fórmulas no se usen en fraude de ley ni en perjuicio de los jóvenes, sino que sirvan para su mayor cualificación y oportunidades», ha continuado, señalando que la incipiente recuperación económica aportará un «previsible» aumento de este tipo de contratos.

Por eso, cree que hace falta revisar aspectos normativos como las condiciones laborales, el contenido formativo, los requisitos de transparencia, el reconocimiento adecuado de los periodos de prácticas, el respeto a los derechos de los trabajadores, y los límites de tiempos de trabajo, descanso y vacaciones.

DEBATE «CONFUSO»

Sin embargo, aunque los partidos de la oposición comparten en términos generales el diagnóstico de las necesidades de las contrataciones formativas, se quejan de que ya se lo avisaron al Gobierno antes de que se aprobara la reforma laboral, por lo que han condicionado su apoyo a la incorporación de enmiendas en la iniciativa original de los ‘populares’.

Así, el socialista Manuel de la Rocha ha calificado la propuesta de «sorprendente» porque después de tres años de Gobierno del PP y cuatro modificaciones de la regulación de los contratos de formación «se den cuenta ahora» de los problemas que el marco actual –aprobado por el actual Ministerio de Empleo– genera, de los que los sindicatos y la oposición ya habían alertado durante sucesivos debates.

A saber, un «deterioro aún mayor de las condiciones laborales y una situación de precariedad permanente». «Bienvenidos al diagnóstico, pero con este diagnóstico no cabe que se limiten a pedir al Gobierno que estudie qué hacer, porque todos los grupos ya vieron qué había que hacer y se lo dijimos», ha lamentado.

«SE HAN PASADO DE CINISMO»

También el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha criticado que el PP vaya más allá de la «escenificación semanal» de pedir a la oposición que «inste al Gobierno a hacer lo que ya hace», presentando una iniciativa que «loa la política del Gobierno para luego reconocer que un contrato formativo, que es hijo de su reforma laboral, está siendo usado abusivamente por los empresarios y no conduce a un empleo, y mucho menos indefinido».

«Se han pasado de cinismo político», ha criticado, mostrando no obstante su «disposición a dialogar» y proponiendo cambios en todos los tipos de contratos formativos para que no lleven a la precariedad y que la lucha contra el fraude en este campo sea prioritario para la Inspección.

NO RECONOCEN EL PROBLEMA

El portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, ha lamentado que las iniciativas del PP «son un catálogo de temas en los que tiene mala conciencia» y ha lamentado que «una y otra vez» el Gobierno presenta normativas que tienen «efectos negativos» en algún colectivo, la oposición le avisa y «tiempo después se echa las manos a la cabeza, como si esos resultados no fueran consecuencia de sus leyes sino de la mala suerte o de la casualidad».

«Y entonces nos traen generalidades para ver si se soluciona de alguna manera», ha resumido, criticando que en este caso encima «ni siquiera se reconoce claramente la existencia de un problema» con los diferentes tipos de contratos formativos y becas como consecuencia de la regulación que introdujo la reforma laboral, que permite «sustituir» empleo de calidad por «empleo precario» con «mano de obra cualificada y barata» que luego no accede a un empleo indefinido.

Carles Campuzano, de CiU, también cree que el debate es «confuso» porque no sabe si se centra en que «los contratos formativos no están sirviendo para lo que el legislador consideraba necesario» o en un problema de fraude. «Y no entendemos si el problema afecta a la configuración legal de estos contratos, en las prácticas abusivas de algunas empresas o en la insuficiencia de la actividad inspectora», ha añadido.

Por eso, cree que «lo más razonable» sería que el Gobierno «compareciera» en el Congreso con un diagnóstico concreto de la situación y una propuesta de las respuestas a esos problemas.

FALTA CONCRECION

Para el portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, «llama la atención» la iniciativa porque «se compadece mal» con la defensa que la diputada ‘popular’ ha hecho de todas las medidas puestas ya en marcha por el Ejecutivo en favor de la lucha contra el paro juvenil. Además, ha responsabilizado a la reforma laboral de 2012 de los actuales problemas de los contratos de formación y ha recomendado al PP que acepte las enmiendas para que la iniciativa tenga un contenido más concreto.

El diputado de ERC Joan Tardà se ha ofrecido a votar a favor de la propuesta si el PP acepta «pasar de las generalidades a la concreción». «No puede pedirnos que apoyemos que hay que estudiar las mejoras necesarias. Le propongo pasar a un segundo nivel de concreción y pedir que se presenten, en el plazo de tres meses, las mejoras necesarias. Es lo justo y razonable», ha dicho.

Por CC-NC, Ana Oramas ha criticado al PP por «hablar en tercera persona» al instar al Gobierno a «estudiar e inspeccionar más, sin plazos ni objetivos», cuando el Ministerio podría directamente presentar un plan para ver si los contratos de formación «están sirviendo para formar y crear empleo y no para explotar».

A su vez, la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha expresado su «perplejidad» ante una iniciativa que supone «un reconocimiento implícito del fracaso de las medidas del Gobierno en relación con la contratación de jóvenes». «Esta propuesta es un brindis al sol», ha señalado.

Méndez ha rechazado todas las enmiendas porque, desde su punto de vista, «la petición que se contiene en la iniciativa ya es lo suficientemente contundente».

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