Aeromur sostiene que todas sus propuestas «son viables y beneficiosas» para la Comunidad murciana

La concesionaria del aeropuerto de Corvera (Murcia), Aeromur, sostiene, tras el anuncio del Gobierno regional de convocar un nuevo concurso, que ha efectuado numerosas propuestas técnicas «en aras al interés público», todas ellas «viables y beneficiosas para la Comunidad Autónoma y el conjunto de la sociedad», la última de ellas transmitida con objeto de la reunión celebrada este lunes 22 de diciembre.

Asegura, en comunicado de prensa, que no se niega a otorgar el aval requerido por la Comunidad Autónoma, «sino que, en la situación actual, el mercado financiero no concede dicho aval a la sociedad concesionaria».

Tras lo que señala que el aval que pide la Comunidad Autónoma equivale a que la concesionaria financiase los 182 millones de euros y esa operación, «es imposible, en estos momentos».

Pero «la sociedad concesionaria se compromete y garantiza la devolución de la deuda de la Comunidad Autónoma mediante pagos anuales fijos e irrevocables», añade, así como que en el momento que el mercado financiero pueda financiar directamente a la concesionaria, ésta se compromete «a cancelar automáticamente la deuda de la Comunidad Autónoma».

A su juicio, con el compromiso de la sociedad concesionaria, transmitido este lunes con objeto de la reunión celebrada, «de pagos plurianuales, firmes e incondicionales, de acuerdo con los criterios vigentes de contabilidad nacional SEC 2010», la Comunidad Autónoma «puede desconsolidar tanto el déficit como la deuda pública de su balance, con la consiguiente mejora de ratios financieros, que le permitirá reducir el coste medio de su deuda pública».

FRAUDE SI NO EXIGE AVAL A FUTUTO CONCESIONARIA

Una vez que la Comunidad ha optado por la licitación de un nuevo concurso Aeromur espera que exija al futuro concesionario un aval a primer requerimiento por 182 millones de euros, «ya que si no fuera así se estaría cometiendo un fraude».

Tras lo que expone comparación entre las dos alternativas posibles para la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de la Región y sus consecuencias en relación a la deuda y al déficit público, a fin de clarificar que la única opción compatible con el interés público es la propuesta por la sociedad concesionaria, que pasa por la «desconsolidación inmediata de la deuda de la Comunidad Autónoma y del déficit asociado».

La concesionaria propone el repago de la deuda de la Comunidad Autónoma en un plazo de explotación de 37 años, por lo que se dispone de 12 años más (si se compara con la opción de una nueva licitación) de ingresos, lo que, en su opinión, «hace viable el repago del principal de la deuda de la Comunidad Autónoma más sus intereses».

Señala que la liquidación del contrato actual «no es necesario», ahorrando «un coste sustancial a la Comunidad Autónoma». Al tiempo que recuerda que ha concluido con éxito los procedimientos de certificación del aeropuerto. Asimismo, mantiene el plazo de puesta en servicio del aeropuerto a partir de 2 de abril, «habiendo cumplido los requisitos de certificación».

También propone la desconsolidación de las cuentas de la Comunidad Autónoma tanto de la deuda como del déficit público consecuencia de la ejecución del aval por medio de la rehabilitación del contrato de concesión de obra pública, «con lo que se transfieren a la sociedad concesionaria los riesgos de construcción, demanda y disponibilidad según la SEC 2010».

Incorporar al contrato de concesión, mediante novación modificativa, el compromiso de la concesionaria de asumir el repago de la deuda más sus intereses mediante pagos plurianuales, fijos e incondicionales, cuyo valor actual a 2015 sea superior al importe de la deuda actual de la Comunidad.

A su parecer, «estas condiciones permitirán contabilizar dichos pagos como un ingreso de la Comunidad por el importe íntegro de su deuda en el momento de la firma de la novación modificativa del contrato de concesión y, como consecuencia, la desconsolidación de sus cuentas tanto del déficit como de la deuda generada por la ejecución del aval».

Lo que sería aplicable, según Aeromur, «durante el periodo transitorio mínimo hasta que se alcance un tráfico aeroportuario consolidado en el Aeropuerto Internacional Región de Murcia» y aceptado por el mercado financiero, «que permita la financiación directa a la sociedad y la consecuente cancelación automática de la deuda de la Comunidad».

Asegura que lo anterior ha sido verificado por la consultora Deloitte, por medio de un informe entregado a la Comunidad Autónoma en la reunión de este lunes «dando soporte técnico a las conclusiones en relación a la desconsolidación de la deuda y el déficit que se derivan de la alternativa de la sociedad concesionaria».

LA NUEVA LICITACION SUPONDRA MAS RETRASOS

La nueva licitación, expone la concesionaria en nota de prensa, mantiene la deuda de la Comunidad y el déficit asociada en el balance de las cuentas públicas, imposibilita repagar la deuda con un plazo de explotación de 25 años (máximo por ley de Contratos con Administraciones Públicas) al tratarse de un contrato de gestión de servicio público.

«Esto se traduce en menor capacidad de generación de ingresos y, como consecuencia, menor garantía para el repago de la deuda de la Comunidad Autónoma», asegura Aeromur.

Tras lo que recuerda que «debe realizarse la previa liquidación del contrato de la sociedad concesionaria, lo cual supone un mayor coste a la Comunidad y un plazo superior para la puesta en servicio del Aeropuerto Internacional».

«El nuevo adjudicatario tendría que iniciar de nuevo el complejo procedimiento de certificación del aeropuerto siguiendo el nuevo protocolo adaptado a la legislación europea y dando por perdido el proceso finalizado con éxito por la sociedad concesionaria en diciembre de 2014», apunta, «la tramitación del nuevo procedimiento de certificación podría exigir un plazo adicional entre seis meses y un año desde la adjudicación».

Asimismo demora el plazo de puesta en servicio del aeródromo provocada por la elaboración de pliegos del concurso, información pública, licitación, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación del contrato. «Estos plazos supondrán un retraso adicional, al ya incurrido, con la consiguiente pérdida de ingresos a la Comunidad», añade Aeromur.

Finalmente, la sociedad concesionaria apunta que «la Comunidad no podrá desconsolidar las cuentas públicas ni el déficit ni la deuda contraída como consecuencia de la ejecución del aval» y que «el contrato de gestión de servicios no transfiere al concesionario el riesgo de construcción, al estar la obra realizada, por lo que no cumple con los criterios de contabilidad nacional de la SEC 2010 para la desconsolidación».

Por lo tanto, en este escenario «la Comunidad debe consolidar el 100% del activo, es decir, más de 267 millones de euros, dado que la deuda de la Región es superior al 50 por ciento del importe de inversión total y no sería posible la transferencia del riesgo de construcción al nuevo adjudicatario».

Los ingresos inferiores derivados del menor plazo de concesión, «12 años menos que el contrato de concesión de obra pública rehabilitado a la sociedad concesionario», impedirán, según Aeromur, «la financiación bancaria prevista en nuestra alternativa al representar menores garantías para el repago de la deuda de la Comunidad Autónoma».

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