La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha valorado el Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico y «confirma las sospechas expresadas por la consejera María Jesús Montero durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera», toda vez que, para la Consejería, «la letra pequeña de la norma publicada demuestra que el Ministerio proporcionó cifras engañosas» sobre los ahorros en intereses para las comunidades autónomas.
Así, en una nota, la Consejería ha indicado que «frente a los 922 millones de euros que trasladó el Ministerio de Hacienda, la realidad es que las medidas sólo supondrán un ahorro de unos 250 millones de euros para Andalucía en 2015». Recuerda que este Real Decreto-ley concreta las medidas sobre las que el Ministerio de Hacienda informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 23 de diciembre. Apunta que según el Real Decreto, las comunidades actualmente adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) reducirán sus intereses al cero por ciento sólo en 2015 «y en cambio, las comunidades que se acojan al Fondo de Facilidad Financiera podrán disfrutar del tipo cero también durante 2016 y 2017, pero, sin embargo, aquellas comunidades adheridas al FLA pero que hayan cumplido con los objetivos de déficit no podrán aplicar las cuantías suscritas en ejercicios anteriores al nuevo mecanismo de Facilidad Financiera». Lamenta que, de este modo, «Andalucía que cumplió el objetivo de déficit en 2013, por haberse acogido al FLA en el pasado, no podrá acogerse a una mejora del coste de la financiación en 2016 y 2017». Apunta que «el agravio con Andalucía también se materializa al tratarse las liquidaciones del sistema de financiación». Recuerda que «la disposición adicional decimoctava en su apartado tres, establece que las liquidaciones futuras del sistema de financiación que sean positivas tendrán que dedicarse a amortizar el pago de las liquidaciones negativas de ejercicios pasados». Según la Consejería de Hacienda, este precepto «parece haberse redactado expresamente para la comunidad, pues Andalucía al ser la gran perjudicada con la liquidación negativa de 426 millones en 2013, cuando obtenga liquidaciones positivas se verá obligada a destinar esas cuantías a satisfacer la liquidación negativa de 2013 y no podría destinar esos recursos a políticas propias, contrariamente a la fórmula que se ha empleado con anterioridad para las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009». Por todo ello, la Consejería que dirige María Jesús Montero ha solicitado por carta al ministro Cristóbal Montoro formalmente la modificación del Real Decreto «para que Andalucía sea encuadrada en el Fondo de Facilidad Financiera y la deuda viva de la comunidad con cargo a los mecanismos de liquidez se incorpore a este fondo y beneficiarse de una mejor financiación en 2016 y 2017». Así, la Junta reclama que como comunidad cumplidora, «todas nuestras obligaciones pendientes de pago con el Fondo de Liquidez Autonómico, sean refinanciadas con el Compartimento Facilidad Financiera, beneficiándonos del interés al cero por ciento de la disposición adicional octava apartado dos hasta el vencimiento del primer periodo de interés de 2018, sin mayor condicionalidad». Además, se va a pedir al Ministerio que quede expresamente recogido en la norma el aplazamiento de los 426 millones de liquidación negativa de 2013, «ya que el Real Decreto-ley no recoge este aspecto de manera clara, a pesar de que sí lo hace para las liquidaciones negativas de 2013 de las entidades locales como aparece en la disposición adicional décima». Por último, la Consejería de Hacienda va a solicitar «la modificación de la disposición adicional decimoctava que obligaría a Andalucía a renunciar a las liquidaciones positivas de 2016 al tener que pagar la liquidación negativa de 2013». Una vez más, la Junta solicita al Gobierno de Rajoy que «la liquidación de 2013 se trate del mismo modo a la liquidación negativa de 2008 y 2009, como reiteradamente se ha solicitado desde el Gobierno andaluz».
