UPyD exige mejorar los planes de recolocación para parados y la regulación laboral de los formadores

UPyD ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley con las que pide al Gobierno que mejore tanto los planes de recolocación para parados como la regulación laboral de los formadores profesionales para el empleo.

En la primera de las iniciativas, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación magenta recoge las denuncias de varias compañías del sector de la formación para el empleo sobre «importantes deficiencias» en los planes que están ofertando algunas empresas que, atraídas por el «efecto llamada» que supone la obligación de ofrecer estos planes cuando se produce un despido de 50 o más trabajadores, «no desempeñan su cometido sino que se quedan en un mero formalismo».

Por eso, UPyD quiere que el Ministerio de Empleo evalúe la calidad y los resultados de los diferentes planes de recolocación que se están ofertando en el país y se tomen las medidas necesarias para «garantizar que satisfacen realmente los requisitos establecidos» en la reforma laboral y el Estatuto de los Trabajadores.

TRABAJAR SIN DERECHOS

En la segunda propuesta, el partido que lidera Rosa Díez critica la situación de los profesionales de la formación, que «no cuentan con reconocimiento profesional o laboral» y cuya relación con la Administración «parece negarse», dado que no guardan ningún vínculo contractual en muchas ocasiones ni siquiera con las empresas de formación, que los utilizan «habitualmente como falsos autónomos».

«Esto facilita que se produzcan situaciones de abuso laboral», señala UPyD, mencionando como ejemplos retribuciones por debajo del convenio, cotizaciones laborales inferiores al tiempo real de trabajo, falta de preparación o materiales, o contratos por hora de clase.

Sin embargo, quienes se encargan de formar a los parados para su reinserción deberían tener unas «competencias específicas», ya que «el no reconocimiento de la existencia de este colectivo facilita la oscura gestión de los fondos de formación y el inadecuado control de su uso».

Y en un país en el que existe una «alta irregularidad» en el sector de la formación para el empleo, con un «largo historial de malversaciones y fraudes» y una regulación y supervisión «insuficientes», UPyD cree que «exigir a los formadores resultados no basta» si no se les presta «apoyo» y se acaba con los «abusos y la ausencia de recursos».

«Una inspección de los expedientes de formación para el empleo a nivel nacional requiere claramente la investigación de las condiciones laborales de los profesionales de la formación», añade, exigiendo por todo ello al Gobierno que promueva el reconocimiento profesional y la acreditación de estos trabajadores, que defina sus funciones y que regule sus condiciones laborales, en aras a «mejorar» tanto la calidad de la formación para el empleo como la transparencia en el uso de fondos públicos.

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