La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley criticando la falta de transparencia de la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y exigiendo al Gobierno que en un plazo máximo de tres meses haga público el inventario de viviendas del llamado ‘banco malo’ junto con su valoración contable.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, critica que la actividad del organismo sea «del todo desconocida» a pesar de que proclama que «sus valores son la integridad, la transparencia y el compromiso cívico». Y es que ni los grupos parlamentarios ni los ayuntamientos pueden acceder a la información relativa a su inventario de suelos y viviendas, a las operaciones de venta realizadas, al perfil de sus clientes o a los mecanismos de control que utiliza «ante la eventual entrada especulativa de inversores privados para evitar operaciones de compra a bajo coste sin garantizar la libre concurrencia de posibles inversores públicos y sociales». DEBER DE SECRETODe hecho, cada vez que los partidos de la oposición en el Congreso piden información por escrito al Ejecutivo sobre cualquier aspecto relativo a la Sareb, el Ministerio de Economía alega que se trata de una empresa privada sobre la que pesa el deber de secreto y que la normativa ya prevé la remisión de memorias semestrales sobre su actividad.
«Desde la Izquierda Plural entendemos que la Sareb se ha constituido como un salvavidas público para dar solución a la viabilidad de aquellas entidades financieras privadas que asumieron mayor riesgo inmobiliario, y que por tanto debería garantizarse la máxima transparencia para evitar un nuevo cheque en blanco en materia bancaria y cargar nuevamente las consecuencias de la mala gestión sobre las espaldas de la ciudadanía», añade. Por eso, la coalición exige al Gobierno que adopte las medidas que haga falta para garantizar que la actividad del ‘banco malo’ es «plenamente transparente» y se somete a los pertinentes controles políticos y administrativos. En concreto, reclama que se haga pública la Memoria de la Sareb, donde se incluyen los activos inventariados de su propiedad –características, ubicación territorial, etc.– y su valoración contable, y que se ponga toda la información a disposición de las administraciones públicas que la soliciten. Asimismo, IU-ICV pide medidas para «impedir que las actuaciones de la Sociedad puedan ser objeto de maniobras especulativas», sobre todo ante sus dudas respecto a la «independencia» de los consejeros del organismo, cuestionada por los casos de incompatibilidades que se han conocido desde su constitución.
