El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, ha registrado una proposición de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos una vez decaen y también para ampliar a dos años el plazo mínimo de negociación entre trabajadores y empresarios.
Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la reforma laboral de 2012 –que impuso un plazo de un año para renovar los convenios, decayendo tras ese tiempo e imponiéndose en su caso el convenio de ámbito superior– ha provocado una «gravísima pérdida de cobertura» de esta figura, que ha pasado de 4.376 convenios para 1,16 millones de empresas y más de 10 millones de trabajadores al inicio de la legislatura, a apenas 1.728 convenios para 723.700 empresas y 4,76 millones de trabajadores el año pasado. «La reforma laboral ha generado una grave inseguridad jurídica en ambas partes», afirma Coscubiela, que señala también la «grave incongruencia regulatoria» que supone que los aspectos de la relación laboral en los que la ley se remite a la negociación colectiva «no pueden quedar sin regulación por el simple hecho de la caída de la vigencia temporal del convenio». Por eso, y porque la negociación colectiva y el convenio han demostrado durante años tener una «gran capacidad de adaptación a la realidad sectorial, territorial y temporal», evitando la «petrificación» de las condiciones de trabajo pero manteniendo los derechos y obligaciones de ambas partes, el portavoz de la Izquierda Plural cree necesario recuperar el «equilibrio» que existía antes de la reforma laboral de 2012. ADHERIRSE A CONVENIOS EXISTENTESAsí, para establecer una regulación de la vigencia temporal de los convenios que «reequilibre» las posiciones y «garantice los principios del mantenimiento de los derechos nacidos del convenio y el principio de modernidad y adaptabilidad, respetando la autonomía colectiva de los representantes de los trabajadores y empresarios», y evitando a la vez la «inseguridad jurídica», se proponen varias modificaciones en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores.
En concreto, se regulan de una forma «más clara y precisa» las posibilidades de las partes durante la negociación, incluyendo la de «adherirse a un convenio colectivo en vigor» si existen dificultades para llegar a un acuerdo. Además, se limita a dos años el plazo de negociación para «incentivar a las partes en la búsqueda de procedimientos ágiles y eficaces» para llegar a acuerdos, «sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda solicitar una nueva negociación», y se elimina la previsión, introducida con la reforma laboral del PP, de que tras un año desde la denuncia del convenio sin acordarse uno nuevo o sin que haya laudo arbitral se pierda la vigencia (salvo pacto contrario) y se comience a aplicar el convenio de ámbito superior. ARBITRAJE VOLUNTARIOPor otra parte, la Izquierda Plural propone obligar a las partes negociadoras a «someterse a los procedimientos para la resolución de conflictos» de carácter extrajudicial que prevean los acuerdos interprofesionales, incluyendo el arbitraje, que debería pasar de ser obligatorio a voluntario si no existe pacto específico al respecto.
«En defecto de pacto, cuando no se hubiera alcanzado un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos (extrajudiciales) o éstos no hubieran solucionado la discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo», añade IU-ICV-CHA al Estatuto de los Trabajadores, recuperándose así la ultraactividad de los convenios a partir del día siguiente de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
