El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crear un nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante artimañas de ingeniería fiscal.
En el texto, que recoge Europa Press, los socialistas alegan que «no deja de sorprender que algunas grandes empresas multinacionales, especialmente dentro del sector de la economía digital, ingresen cantidades muy pequeñas en concepto de Impuesto de Sociedades, no acordes con la actividad económica real generada en España ni con el nivel de negocio a nivel mundial». Algo que es posible, dicen, gracias a «mecanismos de planificación fiscal agresiva», que no sólo tienen efectos sobre las finanzas públicas, sino también sobre la conciencia tributaria colectiva y sobre las condiciones de competencia desigual para otras empresas que sí cumplen la normativa. Por eso, junto con los esfuerzos coordinados que se están realizando a nivel internacional en la OCDE o la UE para combatir estas técnicas de erosión fiscal, el PSOE quiere que el Gobierno «no pierda la iniciativa» y tome medidas «unilateralmente» para gravar los beneficios «desviados». NUEVO GRAVAMENPara eso, plantea la creación de un Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho, un tributo de carácter directo y personal que gravará los actos o negocios declarados en conflicto por parte de una comisión consultiva en la que estarán integrados tanto la Agencia Tributaria (AEAT) como la Dirección General de Tributos.
En este sentido, es necesario modificar también la Ley General Tributaria en aras a permitir que cuando se realice un negocio u operación internacional por parte de personas o entidades residentes en otras jurisdicciones fiscales o a través de las mismas con el objetivo de «detraer determinadas rentas» a la Hacienda pública española, la comisión consultiva pueda emitir un informe de que existe un conflicto en la aplicación de la norma. Una vez obtenido ese dictamen, se exigirá un tipo impositivo del 35% en el caso de personas jurídicas o entidades, o el tipo máximo marginal del IRPF (47% actualmente, 45% el año que viene) si se trata de personas físicas. Ese porcentaje se aplicará sobre la renta detraída, que equivaldrá al hecho imponible del IRPF, Sociedades o Impuesto sobre la Renta de los No Residentes que ha sido total o parcialmente evitado, a lo que se ha minorado la base imponible o a lo que se ha reducido la deuda tributaria mediante esas acciones de ingeniería fiscal. CASOS EXENTOSNo obstante, el PSOE prevé que queden exentas del pago de este impuesto las rentas que hayan tributado de forma efectiva por IRPF, Sociedades o Impuesto sobre la Renta de los no Residentes; o las que hayan tributado de forma efectiva en una o varias jurisdicciones fiscales a un tipo efectivo no inferior al 25%, salvo que se trate de un paraíso fiscal o no tenga acuerdo de intercambio de información con España. En ambos casos, será el sujeto pasivo el que deba demostrar que se ha cumplido con la obligación tributaria.
Para evitar fraudes recaudatorios, no sólo se considerará sujeto pasivo a la persona o entidad que realice las operaciones, sino también a las que estén vinculadas con el mismo nivel que se establece en la Ley del Impuesto de Sociedades. Finalmente, los socialistas imponen también que se apliquen intereses de demora en el tiempo entre la finalización del periodo voluntario de pago y el abono del impuesto, y dejan claro que esta normativa respeta tanto los regímenes tributarios forales como los tratados y convenios internacionales, estableciendo que los actos y negocios gravados por esta vía no se considerarán ni renta ni patrimonio a los efectos de los convenios de doble imposición.
