La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha archivado la investigación que ha llevado a cabo sobre once empresarios acusados de un delito de estafa, a raíz de una denuncia presentada por empresas suministradoras de una promoción de viviendas protegidas promovidas en Sevilla por Dolmen y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia en una nota, dicho archivo viene motivado al considerar que «no está acreditado que los impagos a las empresas que subcontrataron hayan sido fruto de un concierto previo para engañar, defraudar y dejar en banca rota a estas subcontratistas», que prestaron sus servicios en la promoción de viviendas de protección oficial Isbiliya, en Sevilla Este. En el auto de archivo, la juez señala que estos empresarios, algunos de ellos responsables de la Confederación de Empresarios de Andalucia (CEA), «pudieron tomar decisiones erróneas o al menos cuestionables y hubo mala gestión, para las que se pueden pedir responsabilidades por vía civil o por procedimiento concursal, pero, después de las diligencias realizadas para aclarar los hechos, no se ha podido comprobar que los acusados sean autores de un delito penal como es la estafa». El auto que resuelve la denuncia puede ser recurrido en reforma –tres días– o en apelación ante la Audiencia –cinco días. Según ha adelantado ‘Diario de Sevilla’, el auto considera que la promoción Isbiliya fue «uno más de esos negocios inmobiliarios en los que la ausencia de previsión y los desaciertos de los gestores empresariales se conjugan con los recortes del crédito vinculado al inicio de la crisis económica y bancaria». Agrega el auto que la presunta estafa «es difícil de demostrar», puesto que para ello «hay que partir de hechos base ciertamente significativos» y no «de la simple sospecha». Las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA presentaron una denuncia por presunta estafa contra Dolmen y dicha fundación. Las empresas denunciantes son todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto. En la denuncia, estos empresarios pedían que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron «de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting». Entre los empresarios y dirigentes empresariales que fueron llamados a declarar ante la juez por este caso, fueron llamados a declarar en calidad de imputados el expresidente de la CEA Santiago Herrero, el actual secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, ambos como patronos de la fundación promotora de las VPO –Carrillo es el presidente de la fundación–. Otro de los patronos de la fundación y exdirigente de la CEA Juan Salas Tornero también fue citado a declarar, así como los máximos responsables de la promotora Dolmen Consulting Juan Manuel Sanz y Antonio González.
