El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha instado a Reyal Urbis a concretar los términos en los que prevé acordar el pago de la deuda de unos 400 millones de euros que tiene con la Agencia Tributaria, organismo que figura como uno de los principales acreedores de la inmobiliaria.
Se trata de uno de los aspectos que el juez ha solicitado aclarar o mejorar de la propuesta de convenio de acreedores que la inmobiliaria controlada y presidida por Rafael Santamaría ha presentado para evitar su liquidación y superar el concurso en que está inmersa desde hace dos años. En su propuesta, Reyal propone alcanzar un acuerdo con Hacienda unilateral y distinto al que plantea a los bancos, que incluye una dación en pago de activos inmobiliarios con una quita del 90% a la deuda de 2.900 millones que tiene con una veintena de entidades financieras. En su auto del pasado 2 de marzo, al que tuvo acceso Europa Press, el juez dice que si la empresa pretende dar a la Agencia Tributaria «un tratamiento singular, especial y ventajoso respecto al resto de acreedores de igual clase y condición debe fijarlo en su oferta». Por ello, «conmina» a Reyal a «explicitar en todos sus extremos el tratamiento singular, específico y privilegiado» que oferta a la Hacienda Pública, tal como avanzan los diarios ‘Cinco Días’ y ‘Expansión’. DACION EN PAGO POR SORTEO. Asimismo, el magistrado considera «exageradas» las quitas de entre el 83% y el 93% que Reyal incluye en dicha propuesta de pago de deuda a los bancos, que además atenderá con la cesión de lotes de activos inmobiliarios mediante un sorteo que ya ha sido realizado. Las quitas «exceden con mucho» al máximo de 50% establecido en la Ley Concursal, sin que la empresa aporte un argumento que justifique sobrepasar dicho límite, lo que incluso lleva al juez a plantear que no suponga una ventaja respecto a la eventual liquidación de la empresa. «No existe soporte argumental alguno para privar a los acreedores concursales de sus legítimas expectativas a recibir en el presente lo que, mucho o poco, pueda corresponderles en una liquidación colectiva concursal, dado que la exagerada quita, al igual que los tiempos de espera, aparece dispuesta en único y exclusivo beneficio del deudor concursado», apunta el juez. Así, insta a la compañía a «aportar justificación objetiva del carácter necesario e imprescindible» de las quitas y esperas que propone para amortizar sus deudas. El Juzgado Mercantil dio el pasado viernes un plazo de quince días a Reyal para subsanar estos y otros defectos detectados en la propuesta de convenio que planteó en febrero para superar el concurso. Además de Hacienda, entre los principales acreedores de la inmobiliaria también figuran Sareb, Santander y el ICO con deudas de 600 millones, 480 millones y 220 millones de euros, respectivamente. En total, suma más de veinte entidades financieras acreedoras de la compañía, ocho de ellas extranjeras. Reyal Urbis presenta un ‘agujero patrimonial’ de 3.090 millones de euros a cierre de 2014, dado que cuenta con activos valorados en 1.345 millones de euros para atender a un pasivo de 4.435 millones, según consta en informe anual remitido recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
