Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han lamentado que el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero sea «poco ambicioso» en sus objetivos y no incluya cambios organizativos y de la selección de contribuyentes, por lo que considera que no logrará reducir la economía sumergida y acabar con la sensación de impunidad de quienes defraudan.
En una nota de prensa, Gestha explica que, aun así, la Agencia Tributaria previsiblemente alcanzará el objetivo de prevención y control del fraude previsto para 2015 –11.300 millones–, ya que es inferior en 1.000 millones a los resultados logrados en 2014 –12.318 millones–. Aunque 2014 fue el mejor de los años de la Agencia tributaria, Gestha recuerda que los resultados representaron un 23% de la evasión fiscal estimada, por lo que el 77% del fraude fiscal quedó impune el año pasado. A su parecer, la falta de eficacia reside en la inexistencia de estudios oficiales de economía sumergida, una organización tributaria «antigua y poco adaptada» a los cambios sociales y económicos, la falta de personal dedicado a la lucha contra la economía sumergida, la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y «lo mal enfocada» que se encuentra la lucha contra el fraude. De hecho, Gestha afirma que el 80% de la plantilla se centra en perseguir los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pymes y trabajadores o pensionistas, mientras que solo el 20% persigue el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en España. Según los técnicos, si se aumentara su responsabilidad y sus competencias y se pusieran en marcha medidas más contundentes, como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros o el establecimiento de un límite máximo del 5% en la participación de las SICAV, los resultados de recaudación podrían aumentar a medio plazo en cerca de 8.200 millones al año adicionales a los objetivos marcados. En cuanto a las novedades incluidas en el plan de control de este año, Gestha destaca el rastreo de más de 200.000 dominios para su posterior incorporación a las bases de datos tributaria, así como el control del consumo de energía eléctrica para detectar los alquileres no declarados de viviendas e inmuebles, un control que se inició a partir de 2010 y que puede contribuir a reducir una de las bolsas de fraude históricas de nuestro país y más fácilmente controlable. Respecto a la investigación de patrimonios situados en el extranjero, recuerda el procedimiento iniciado por la Comisión Europea, que considera «desproporcionadas» las sanciones y la imprescriptibilidad de dichos patrimonios que no se hayan declarado en plazo en el modelo 720 de bienes y derechos en el exterior, algo que los técnicos ya advirtieron al aprobarse la ley antifraude en 2012. En el ámbito de la fiscalidad internacional, los técnicos critican que se haga realidad la intensificación del combate contra la planificación fiscal abusiva, como el control de pagos al exterior e investigación de operaciones complejas o la residencia en paraísos fiscales, aunque se muestran escépticos a que se adelante el intercambio automático de cuentas financieras previstos a partir de septiembre de 2017 entre la cincuentena de países firmantes del acuerdo de octubre pasado.
