El PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y partidos del Grupo Mixto han acusado al Gobierno de intentar dar un impulso al fracking con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que crea una mercado único del gas y establece nuevos cánones por explotación y subvenciones para las comunidades donde se ubiquen actividades de extracción de hidrocarburos.
Durante el debate en el Pleno de las enmiendas a la totalidad, el portavoz de la Comisión de Industria del Grupo Socialista, José Segura, ha justificado el rechazo de su grupo por la necesidad de avanzar hacia una transición energética basada en la sostenibilidad económica, medioambiental y social que conduzca a un modelo de crecimiento bajo en carbono, que apueste por las renovables, que reduzca la dependencia energética y que favorezca el ahorro y la eficiencia. De hecho, ha abogado por suspender los permisos de exploración en Baleares y Canarias y todas las licencias de fracking en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos ambientales. Además, ha lamentado la falta de confianza en los organismos reguladores, puesto que el Gobierno se ha olvidado de reforzar la independencia del órgano regulador y no ampliar sus funciones y competencias. Desde la Izquierda Plural, la portavoz de Industria, Laia Ortiz, ha calificado el proyecto de ley como un nuevo «intento de del Gobierno para lavarse la cara» tras las «nefastas decisiones» que tomadas sobre la explotación de hidrocarburos. A su parecer, lo «más obsceno» de la norma es que plantea un «soborno» en forma de subvenciones para las comunidades en las que se ubiquen actividades de extracción de hidrocarburos. «Quiere convencer con dinero porque no tiene razones», ha dicho Ortiz, tras aseverar que el proyecto de ley es «climáticamente irresponsable» porque apuesta por consolidar un modelo «antiguo, ineficiente, irresponsable y dependiente» de los combustibles fósiles. Dentro del Grupo Mixto, la diputada del BNG Rosana Pérez, ha vuelto a rechazar la ley y ha explicado que la enmienda de su grupo se debe a que el Gobierno persigue un único objetivo con este proyecto de ley: facilitar impulso del fracking y las prospecciones de gas y petróleo con el «claro interés» de beneficiar a intereses especulativos privados. Además, ha criticado que no se hayan incluido líneas para intervenir en el mercado de gasolinas ni en el oligopolio de las petroleras. Por su parte, Teresa Jordá (ERC) ha denunciado la «sordera absoluta» del Gobierno ante la realidad «climática» de España y la falta de respeto hacia la voluntad democrática al apostar por el fracking y plantear subvenciones a las comunidades que acepten este tipo de explotaciones. «El fracking no gusta», ha dicho, tras advertir de que la contestación social es cada vez más creciente y está cada vez más organizada. En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y el de la Comisión de Industria CC-NC, Pedo Quevedo, han denunciado que el Gobierno siga apostando por las energías «sucias» y hundiendo a las renovables y el autoconsumo. «Aún no he conseguido leer ni una sola palabra a favor del fracking», ha dicho Quevedo. Por su parte, la portavoz adjunta de Industria de Amaiur, Maite Ariztegui, ha criticado que el Ejecutivo dé carta blanca a empresarios y gobiernos autonómicos «sin escrúpulos». CiU, UPyD Y PNV QUIEREN MEJORAR LA LEYEn cambio, el portavoz adjunto de la Comisión de Industria de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha considerado necesaria la modificación de la ley, por lo que rechazará las enmiendas a la totalidad y presentará muchos cambios parciales para mejorarla. Aún así, ha criticado el «nulo interés» del Gobierno para colaborar con las administraciones autonómicas.
Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también ha reconocido que hace falta una reforma de este tipo, aunque la formación magenta presentará muchas enmiendas parciales para introducir cambios. «No compartimos el clima político antihidrocarburos», ha dicho, tras recordar que España sigue necesitando mucho petróleo y mucho gas. Aún así, ha reconocido que habrían preferido un procedimiento «más serio y riguroso» sobre el tema del fracking. En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, que tampoco ha presentado enmienda a la totalidad, ha dicho que votará en contra de las presentadas y dará cierto margen de maniobra al Gobierno para llegar a un acuerdo y mejorar el texto en el siguiente trámite. Desde el PP, el portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Guillermo Mariscal, ha considerado la ley como «el cierre» de las reformas energéticas que se han hecho contando con esfuerzo de familias y empresas españolas y el coraje del Ministerio. Además, ha criticado el uso que se hace a veces en el Congreso de las enmiendas a la totalidad para hacer mítines políticos. SORIA DEFIENDE LA REFORMAPor su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que este proyecto de ley es «necesario y oportuno», puesto que el sector de hidrocarburos presenta importantes fortalezas y España estaría ahora en condiciones de convertirse en un centro logístico para Europa.
Soria ha recordado que en Europa actualmente hay un debate importante sobre el problema del gas ante las tensiones entre Ucrania y Rusia. De hecho y teniendo en cuenta los almacenamientos subterráneos con los que cuenta España y los gaseoductos del Magreb, Soria ha asegurado que el país estaría en condiciones de suministrar hasta el 50% del gas que llega de Ucrania. En este sentido, el ministro de Industria ha puesto en valor la declaración de Madrid, un documento suscrito por España, Portugal, Francia y la Comisión Europea, en la que se pone en valor la necesidad de fijar plazos concretos para las interconexiones eléctricas y de gas. Según Soria, la ley de hidrocarburos requería una modificación para crear un mercado organizado del gas que aumente el nivel de competencia y la transparencia en la formación de precios en el mercado secundario y que incluya también compensaciones por efectos de potenciales externalidades negativas de algunos procesos. Además, se pretende reducir el fraude y garantizar más protección al consumidor. EL GOBIERNO ATENDERA LAS ENMIENDAS PARCIALES«No sólo es un proyecto de ley necesario, sino oportuno», ha aseverado Soria en más de una ocasión, tras pedir a los grupos que retiren las enmiendas a la totalidad y que contribuyan a la mejora de la ley con enmiendas parciales que mejoren el interés general de los consumidores.
De hecho, ha asegurado que el Gobierno verá con «buenos ojos» las propuestas para potenciar liberalización de los carburantes en el tramo minorista o que quieran limitar el porcentaje de participación de los operadores al por mayor en el mercado de los carburantes. «Todas las propuestas de mejora serán analizadas con atención siempre que mejoren el funcionamiento del mercado», ha dicho.
