El Gobierno aporta 30 millones de euros para financiar inversiones en la provincia de Teruel

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la concesión de una subvención a Aragón, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2015, para financiar inversiones en la provincia de Teruel por un importe de treinta millones de euros.

Esta subvención responde al convenio de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma en 2011 para el desarrollo de actuaciones que favorezcan la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel durante el período 2012-2016.

En ese acuerdo, ambas partes se comprometían a suscribir convenios de colaboración anuales que permitieran las disponibilidades presupuestarias en cada ejercicio. Por ello, se han venido celebrando convenios para la financiación de inversiones en Teruel en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, por importe cada vez de treinta millones de euros, para proyectos fijados de común acuerdo.

Puesto que el Gobierno de España y el de Aragón consideran que las inversiones continúan siendo necesarias en 2015, renuevan su compromiso con el nuevo convenio autorizado este viernes, que establece que el coste mínimo de cada proyecto debe ser de 125.000 euros y que el Ejecutivo central financiará hasta el 50 por ciento.

DESIGUALDAD INTERTERRITORIAL

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el nivel de renta de Aragón le impide ser beneficiaria de los fondos de compensación interterritorial. Sin embargo, las desigualdades dentro de la comunidad son «significativas», especialmente en Teruel, y por eso desde 1992 ha sido objeto de una «atención especial», ha añadido.

La vicepresidenta ha detallado que los proyectos que se financian están relacionados con el respaldo a iniciativas empresariales (fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico); el apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas; infraestructuras de transporte y comunicaciones; la puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social; proyectos estratégicos y singulares y la participación en infraestructuras municipales.

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