IU-ICV reclama una renta mínima garantizada de ciudadanía que complemente los ingresos hasta un tope

La diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Laia Ortiz ha registrado en el Congreso, para su debate en Pleno, una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno que regule una renta mínima garantizada, que sirva para complementar los ingresos de los ciudadanos con bajas rentas hasta una cuantía máxima, y que obligue a su vez a aceptar cualquier oferta de trabajo adecuada que pueda recibir.

En la iniciativa, que recoge Europa Press, la diputada catalana recuerda que la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante una situación de necesidad, y que la Estrategia Europea 2020 persigue reducir la pobreza y la exclusión social mediante la mejora del acceso al trabajo, la seguridad social y los servicios básicos por parte de los estados miembros.

Frente a estos objetivos, la crisis económica ha provocado un incremento de las personas bajo el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión en España, a la par que aumenta el paro y se reduce el grado de cobertura de las prestaciones por desempleo, llegando a sectores hasta ahora protegidos como las parejas con hijos a cargo o las familias monoparentales.

«Estamos ante una evidente cronificación de la pobreza y de la exclusión social, y los poderes públicos tienen la obligación y el mandato constitucional de garantizar, de manera real y efectiva, unas prestaciones suficientes ante la situación de necesidad en la que vive una parte muy importante de ciudadanos», recuerda Ortiz, que cree que la nueva prestación para parados con familiares a cargo recientemente aprobada no es suficiente para superar esta situación.

RECOMENDACIONES DEL CESE

A renglón seguido, la diputada de ICV se remite a la recomendación aprobada en diciembre por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) de establecer una renta mínima europea para contribuir a la cohesión económica, social y territorial, y a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta.

Y, en ese marco, quiere que el Gobierno presente en el Congreso, en el plazo máximo de tres meses, un proyecto de ley que regule una prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía que se financie con los Presupuestos Generales del Estado pero que esté gestionada por las comunidades autónomas en colaboración con los ayuntamientos.

La diputada catalana incluso esboza algunas características que, a su juicio, debería tener esta renta, cuya concepción jurídica debería ser la de prestación no contributiva de la Seguridad Social, de modo que permita «armonizar» en todo el país la cuantía a percibir por los ciudadanos en situación de necesidad.

Acceder a esta renta sería un derecho subjetivo de cada ciudadano mayor de edad o menor emancipado que resida legalmente en España y que carezca de rentas de cualquier origen superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –actualmente, 532,51 euros al mes–.

Es decir, que el cobro de esta ayuda no podría estar condicionado a la disponibilidad presupuestaria ni tampoco podrían imponerse requisitos familiares, al tratarse de un derecho individual.

CUANTIA MODULADA

En cuanto a la cantidad a percibir, la representante de la Izquierda Plural aboga por que se «module» en función de las diferentes situaciones de rentas o familiares. Es decir, que no debería cobrar lo mismo quien vive solo que quien tiene familia a su cargo, y se debería tener en cuenta si se reside en un núcleo rural o urbano, donde los costes de la vida son diferentes.

En cualquier caso, esta renta podría compatibilizarse con otras rentas de cualquier origen –incluyendo del trabajo en ciertos supuestos a regular–, siempre y cuando el máximo sumando todos los ingresos no supere el IPREM de cada momento, que constituiría también la cuantía máxima a percibir.

El derecho al cobro de esta ayuda también conllevaría el acceso a programas de inserción profesional, laboral o social, y la obligación de aceptar cualquier oferta de trabajo adecuada que se pueda recibir.

SUPRESION DE OTRAS AYUDAS

Finalmente, la propuesta de IU-ICV-CHA plantea que la puesta en marcha de esta renta mínima garantizada conllevará la supresión de cualquier otra prestación o ayuda económica a cargo del Estado que tengan la misma finalidad, si bien habrá de establecerse periodos transitorios para su eliminación cuando sea necesario.

Sin embargo, las comunidades autónomas sí podrán mantener prestaciones económicas complementarias para atender la misma finalidad dentro de sus competencias de asistencia social.

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