El Consejo de Ministros ha estudiado una propuesta de reforma de la Responsabilidad Patrimonial Administrativa que el Estado tiene ante las infraestructuras que se construyen en régimen de concesión con el fin de limitar en el futuro el importe que debe pagar a las empresas promotoras en caso de que haya que rescindir el contrato.
Así, en el supuesto de que la anulación del contrato de concesión venga motivado por «causas imputables» a la empresa concesionaria, esto es, porque la concesión caiga en insolvencia o en concurso de acreedores, el Estado sólo la pagará por el valor que presente la infraestructura y no por las inversiones realizadas en su construcción. El valor de la infraestructura se determinará por el importe al que se adjudique de nuevo la concesión en el caso de que vuelva a salir a concurso, o bien el beneficio bruto de explotación (Ebitda) que haya generado en los últimos tres años. La reforma no se plantea con carácter retroactivo, sólo para los contratos de concesión que se formalicen una vez que entre en vigor. De esta forma, no afectará a las infraestructuras públicas que actualmente están en riesgo de liquidación, como son ocho autopistas de peaje, pero ‘blindará’ al Estado ante futuros supuestos de este tipo. En el actual caso de las autopistas de peaje, según cálculos del sector, en el supuesto de que no prospere el plan diseñado por el Gobierno para solventar su situación y las vías se liquiden, el Estado deberá afrontar unos 4.500 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Además de estas ocho vías de pago, otras infraestructuras construidas mediante contratos de concesión con empresas privadas, como son el almacén de gas Castos y el túnel del AVE bajo los Pirineos, presentan actualmente problemas financieros o han sido devueltas al Estado. MAS RIGOR EN LOS CALCULOS. Con esta reforma, incluida en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, el Gobierno pretende incentivar «unos cálculos más rigurosos en las inversiones necesarias en las concesiones de infraestructuras, y una mejor gestión de las mismas». «De esta forma, la empresa concesionaria, si le es imputable el motivo por el que se resuelve el contrato, ya no tendría garantizada la recuperación de toda la inversión», según el Ejecutivo.
