El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta para modificar la Ley General Tributaria en aras a permitir, en un plazo máximo de quince días, la publicación del listado de personas que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ de 2012, al margen del listado de morosos y defraudadores que planea el Ejecutivo.
La proposición de ley, que recoge Europa Press, funcionaría como alternativa al proyecto de ley que el Gobierno ya tiene registrado en la Cámara Baja para modificar la normativa, pero que sólo prevé la publicación de los morosos y deudores en firme de la Hacienda pública que cumplen ciertos requisitos, pero no de quienes se acogieron a la regularización extraordinaria de hace tres años. Ante la «alarma social» y la «lógica indignación» generada por las noticias que apuntan a que diferentes cargos y dirigentes del PP –como el exvicepresidente Rodrigo Rato, el extesorero Luis Bárcenas o los exconsejeros en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados o Alberto López Viejo, entre otros– se acogieron a esta ‘amnistía fiscal’, los socialistas creen «imprescindible» que se publique el listado de los beneficiarios de esa medida. NUEVA EXCEPCION. Por eso, proponen añadir un nuevo apartado al artículo 95 de la Ley General Tributaria para incluir una nueva excepción al carácter reservado que, de forma general, tienen los datos tributarios, que sólo se pueden cedidos o comunicados a terceros en ciertas circunstancias. En concreto, el PSOE pide que se puedan identificar las personas y sociedades jurídicas que se acojan a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria, independientemente de cómo se articulen o denominen. Esto incluiría también a los titulares reales, directos o indirectos, de los accionistas o partícipes de sociedades mercantiles y otras entidades jurídicas. Junto con el nombre debería figurar también el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas declaradas en el procedimiento, dado que este tipo de ‘amnistías fiscales’ no sólo tienen «graves consecuencias éticas» sino también económicas para las arcas públicas, y con la publicación de esta información los socialistas consideran que se mejoraría la transparencia de los poderes públicos y la eficacia de la lucha contra el fraude. La proposición de ley incluye asimismo una disposición para dar al Gobierno quince días de plazo para tomar las medidas necesarias para poder publicar a los beneficiados de la ‘amnistía fiscal’ de 2012, con el importe que regularizaron. SE SUMA A LA IZQUIERDA PLURAL. La semana pasada fue la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) la que presentó en el Congreso una proposición de ley similar, argumentando que tramitar este asunto de forma independiente al resto de reforma de la Ley General Tributaria permitiría agilizar la publicación de la lista de morosos y defraudadores para que los ciudadanos puedan conocerla antes de las elecciones generales de fin de año. Según el portavoz adjunto de la coalición, Joan Coscubiela, si el PP y el Gobierno quisieran podrían incluir este debate ya en el orden del día del Pleno del Congreso de la próxima semana y estipular su tramitación urgente y por lectura única, como han hecho con otros asuntos como la iniciativa de lucha contra el yihadismo. De este modo, la reforma podría entrar en vigor mucho antes de lo que se prevé para el proyecto del ley del Gobierno, cuya tramitación será más larga. De hecho, para tratar de dejar sin «excusas» a los ‘populares’ para no apoyar el texto, la Izquierda Plural ha recogido íntegramente la propuesta del Gobierno, pese a no estar completamente de acuerdo con ella. Esto supone que se incluiría en la Ley General Tributaria un nuevo artículo que prevea la publicidad de los «incumplimientos relevantes» de las obligaciones fiscales, de modo que se pueda publicar «periódicamente» el listado de quienes tengan deudas o sanciones superiores al millón de euros –sin incluir las aplazadas o suspendidas– una vez finalizado el plazo de ingreso. En dicho listado debería constar el nombre y apellidos del deudor o moroso o de la empresa, junto con su presidente, consejero delegado o administrador; así como el conjunto de deudas y sanciones pendientes de pago. Eso sí, sólo con referencia a los tributos competencia del Estado, incluyendo la deuda aduanera, y comenzando con el primer listado al mes de entrada en vigor de la normativa. También se reconocería el derecho de rectificación a los contribuyentes y reglamentariamente se establecería la fecha y medios de publicación y el momento de cancelación de los datos, respetando en todo caso la Ley de Protección de Datos e impidiendo la indexación de los listados, que dejarán de ser accesibles a los tres meses de su publicación.
