La kíder socialista adjudicó Aznalcóllar a una empresa vinculada al PSOE y saltándose la ley

Susana Díaz dice que paraliza el concurso de Aznalcóllar «por prudencia»

Susana Díaz dice que paraliza el concurso de Aznalcóllar "por prudencia"
La socialista Susana Díaz. AD

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha precisado este miércoles que ha decidido la suspensión «temporal» de la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar (Sevilla) por «prudencia» tras el auto judicial que alerta de «irregularidades» en el procedimiento y ha defendido la «total limpieza» del concurso internacional y de las actuaciones y el «inmenso esfuerzo» de los funcionarios y los miembros de la mesa, por los que pone «la mano en el fuego».

Así lo han expresado en rueda de prensa tanto la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, como el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, que se han mostrado convencidos de que se archivará finalmente la denuncia penal presentada por la empresa que no logró el concurso, Emerita Resources, y han expresado su disposición a explicar «con luz y taquígrafos» todo el procedimiento seguido.

Ni Asensio ni Fernández han acudido todavía a declarar ante la juez, porque no les ha llegado ninguna citación todavía, aunque sí han precisado que han comenzado a declarar algunos funcionarios.

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado «graves irregularidades» en la adjudicación que hizo la Junta de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, «como responsable de las decisiones adoptadas» en el proceso de adjudicación.

Ambos altos cargos han precisado que este concurso minero es «único y singular, no tiene parangón», posee una «gran complejidad», de forma que «es difícil de entender», por lo que confían en que se pueda restablecer la normalidad «y quede archivada esa vía penal» una vez reciba las explicaciones técnicas por parte de los funcionarios y técnicos «como así ocurrió con la controversia con el Estado al inicio del concurso, que en una semana quedó resuelta».

No obstante, Fernández ha explicado que el gabinete jurídico ha acordado la paralización «cautelar» de los efectos del concurso «el tiempo que sea indispensable para aclararlo todo en el juzgado».

«Por cuestión de prudencia y para que todo sea de la manera mas exquisita posible se ha tomado esa decisión de paralización cautelar, esperamos que sea el mínimo tiempo indispensable», ha explicado Fernández, quien indica que «la juez no ha sido la que ha obligado a dicha paralización, pero entendemos que es una cuestión de prudencia», que supone que la empresa adjudicataria no podrá efectuar ninguna actividad ni ninguna tramitación por el momento.

Fernández ha recordado que el auto «fue dictado el 7 de mayo, antes de que hayan empezado a explicar nuestros funcionarios el por qué de las puntuaciones, criterios y los trámites seguidos, por lo que debido a esa complejidad, es lógico que se pueda suscitar algunas dudas en la juez, al ser un proceso extraordinariamente complejo». En ese sentido, insiste en que las explicaciones «se darán ante quien corresponda con luz y taquígrafos; lo que sea necesario, todas las dudas sobre el procedimiento las explicaremos; explicaremos todo lo que haya que explicar para que queden despejadas las dudas y malentendidos».

«Todos y cada uno de los aspectos recogidos en el auto tiene su correspondiente explicación, y lo daremos para que quede claro, todo quedará más claro y acotado; no hay habido un concurso con más transparencia que el de Aznalcóllar», ha aseverado Fernández.

Vicente Fernández efectuó una introducción cronológica sobre el concurso, donde la Junta «estaba innovando, desarrollando un procedimiento de concurso novedoso y singular, completamente único en nuestro país», de forma que «no se había desarrollado nada parecido en el pasado por ninguna otra administración».

Fernández ha explicado que se trata de un procedimiento «particularmente complejo» en cumplimiento del mandato de los tres grupos parlamentarios «que nos pidieron un procedimiento concurrencial», de forma que optaron por el concurso internacional «aunque fuera más complejo y dilatase y complicase el proceso», pero «era lo más adecuando, debido además por las circunstancias especiales de Aznalcóllar».

Tras recordar que en la segunda fase quedaron dos empresas, México-Minorbis y Emerita Resources, ha indicado que, una vez presentados los proyectos, la comisión técnica, formada por seis empleados públicos, y la mesa del concurso, formada por otros siete empleados públicos, evaluaron las ofertas «y se decidió por unanimidad que el que obtenía mejor puntuación era México Minorbis».

Vicente Fernández ha indicado que Emerita ha presentado una serie de medidas de impugnación «para defender sus intereses legítimos», que han sido «un procedimiento de revisión de oficio, un procedimiento de recurso extraordinario de revisión, un recurso de alzada y un recurso especial en materia de contratación», todas en el plano administrativo, y junto a ellas se presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, que es el que ha dictado ahora el auto.

En ese punto, Fernández ha insistido en que la Junta «aportará la máxima transparencia para explicar este procedimiento, actuando con luz y taquígrafos», de forma que «el expediente administrativo está a disposición de la juez y de la Policía Judicial».

Por su parte, la directora general de Industria, Energía y Minas ha indicado que el auto «traslada dudas de la empresa sobre la solvencia técnica y solvencia económica de la empresa adjudicataria, además de objeciones sobre la calidad del proyecto minero», tras lo que insiste en el cumplimiento de los requisitos recogidos en el pliego «tanto para una empresa como para otra».

«No hay un concurso igual a éste, donde ha primado el rigor y transparencia», ha indicado María José Asensio, quien reconoce que le ha costado «distinguir entre lo que dice la juez y lo que dice el atestado», y explica que «el auto refleja dudas», por lo que la Junta asegura que «seguirá con la intención de ser ágiles, seguros y transparentes, y si hay que perder tiempo para que el proceso sea más riguroso y todo el mundo tenga claro que es algo seguro, sacrificaremos un poco de agilidad, pero despejaremos todas las incógnitas».

Asensio reconoce que «no es agradable perder más tiempo, pero si esto va a redundar en la confianza en todo el procedimiento, pues se hará», tras lo que ha expresado su «máximo respeto» a las decisiones judiciales, de forma que «ofrecemos a la juez las máximas explicaciones», por lo que confía en que «las explicaciones serán dadas y ofrecidas en todo lo que aparece en el auto y que genera dudas y que no son comprendidos, por lo que confiamos en el archivo de las diligencias».

Por otro lado, preguntado por una conversación entre Vicente Fernández y la empresa ganadora, Fernández ha explicado que «las declaraciones hacen referencia a un período donde no se había presentado ninguna oferta y se estaba desarrollando la labor informativa en todas las empresas que podían presentarse en el concurso, y se nos preguntó si tenían que presentarse de la mano de una empresa española y dijimos que no, cada cual se podría presentar con quien quisiera».

«No se puede permitir ni consentir que se diga que una empresa tiene la llave del concurso», ha agregado Fernández, quien insiste en la «máxima transparencia al concurso» y tanto él como Asensio ha expresado su «absoluta confianza y agradecimiento» a los funcionarios y técnicos participantes en dicho concurso, que «han trabajando correcta y honestamente».

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