El PNV acusa al Gobierno de «abusar» del concepto de interés general para vulnerar competencias ferroviarias

El PNV ha registrado en el Congreso una enmienda de totalidad contra el proyecto de ley del Sector Ferroviario con la que pide la devolución del texto al Gobierno acusándole de «abusar» del concepto de interés general para vulnerar competencias autonómicas en este ámbito.

En la enmienda, que recoge Europa Press y que será debatida por el Pleno del Congreso el jueves 25 de junio, los nacionalistas vascos recuerdan que la Constitución atribuye la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que discurran por más de una región al Estado, pero permite a las comunidades asumirlas en el caso de que el itinerario ferroviario transcurra íntegramente por un territorio.

Un reparto competencial que, según el Tribunal Constitucional (TC), responde a la primacía del criterio territorial sobre el de interés general, al que sólo debería recurrirse con carácter excepcional y no puede «sustituir» al criterio territorial, al que «complementa y modula pero sin excluirlo de forma sustancial».

Es por eso que al presentar un proyecto de ley en el que el Ejecutivo apela al interés general para justificar su intervención el Gobierno muestra una «intencionalidad manifiestamente abusiva en la utilización del concepto de interés general», según el PNV, que insiste además en que tampoco el principio de que el Estado ostenta la competencia de ordenación de la economía sirve en este caso ya que «la invocación de tal competencia no puede provocar el vaciamiento de las competencias autonómicas», según la doctrina del TC.

LEALTAD INSTITUCIONAL

El PNV va más allá y recuerda en su enmienda de totalidad que «la lealtad institucional obliga a primar el escrupuloso respeto al orden de competencias», lo que «no sólo significa que cada nivel territorial debe fundamental debidamente su competencia» sino que también ha de «facilitar el ejercicio de las de los demás, sobre todo cuando las de éstos han de ejercerse en el marco de aquéllas».

Ese es el caso en el ámbito ferroviario, donde el transporte se puede considerar «una materia con entidad propia y diferenciable» de la infraestructura, que sí es de propiedad estatal. Por eso, el Alto Tribunal también ha sentenciado que «si los servicios de transporte ferroviario discurren íntegramente por una comunidad la entera ordenación de esos transportes debe corresponder a dicha comunidad» con «plena libertad para organizar la gestión y financiación», lo que no se respeta en este proyecto de ley.

Finalmente, los nacionalistas vascos mantienen su rechazo a la definición de la Red Ferroviaria de Interés General, sobre la que «no se produce ninguna variación relevante» y por la que el Gobierno vasco mantiene un «contencioso» con el Ministerio de Fomento, al considerar que «no tiene límites precisos ni traza una línea clara sobre la realidad a la que se refiere, al tiempo que elude los pronunciamientos del TC sobre la distribución de competencias».

Por eso, la formación reclama una «redacción alternativa» de la definición que «no deje lugar a la aplicación que de ese concepto viene realizando el Ministerio, ya que cercena las competencias autonómicas vascas en esta materia».

«Definición que debería ajustarse a los criterios constitucionales de distribución de competencias y sustentarse en criterios funcionales, históricos o de servicio además de geográficos, y que esté redactada de manera tal que impida la sustitución pura y simple del criterio territorial por el de interés general, como hasta ahora ha venido realizado la Administración del Estado», concluye la enmienda.

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