El PP ha rechazado este martes admitir a trámite una proposición de ley de CiU en la que se planteaba recuperar la posibilidad de los trabajadores de pedir la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) si su empresa atraviesa dificultades y el empresario no hace nada, alegando que la eliminación de este derecho en la reforma laboral de 2012 no ha dejado menos protegidos a los ciudadanos.
La diputada ‘popular’ María Jesús Susinos ha afirmado que con la reforma laboral se pretendía «potenciar el papel de empresarios y trabajadores» y «fortalecer el periodo de consultas como vía para alcanzar una solución que satisfaga en la mayor medida posible los intereses de ambos». Por eso, y porque aún existe la posibilidad de solicitar la resolución del contrato en el caso de incumplimientos graves por parte del empresario, el partido que da apoyo al Gobierno considera que «los trabajadores no están menos protegidos» ahora que hace tres años, y que volver a la regulación anterior «supondría un retroceso en el camino que se lleva andado». «Estamos convencidos de que la reforma laboral ha sido y es, sin ninguna duda, uno de los instrumentos clave que ha propiciado la salida de la crisis, el inicio de la recuperación y la creación de empleo. No son palabras vacías; los datos son objetivos y contrastables», ha añadido Susinos, subrayando la caída en el número de trabajadores y ERE que se ha producido en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior y la consecuente reducción de la litigiosidad. PROBLEMA REALSin embargo, el portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha defendido que hace falta resolver un problema «real» que afecta a muchos trabajadores, cuyas empresas están «en crisis» y «no son solventes», pero «ni pagan a sus empleados ni les despiden», impidiendo así que puedan acceder al paro y a otra formas de protección por desempleo, cuya resolución en estas circunstancias es «compleja y larga en el tiempo».
«Esta proposición de ley es de factura simple, porque se trata de modificaciones muy puntuales pero que permitirían resolver situaciones reales», ha insistido el diputado, que ha enmarcado esta propuesta en la necesaria reflexión sobre los resultados de la reforma laboral de 2012 que, aunque ha permitido un «cambio de tendencia indiscutible» y la creación de «más empleo con menos crecimiento», también tiene «claroscuros» como la precariedad o una cantidad insuficiente de nuevos empleos. Unos temas que, junto con la negociación colectiva y la dualidad del mercado de trabajo, habrán de ser abordados en la próxima legislatura dentro del problema «fundamental» de las desigualdades y de la pobreza y sus posibles soluciones. No obstante, Campuzano ha recordado que cualquier cambio en el mercado de trabajo debe conservar la «flexibilidad» para las empresas y ha abogado por explorar y adaptar el modelo austriaco. REMATAR EL CLAVOEl portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha usado el turno en contra para mostrar su «estupefacción» con la iniciativa de quienes son «corresponsables» de la reforma laboral de 2012 y sus efectos. «PP y CiU aprovecharon de manera oportunista la crisis para conseguir, 32 años después, lo que se plantearon desde el principio: la desaparición del control que suponía la autorización administrativa previa», ha acusado.
Por eso, se ha preguntado si la intención de CiU es «rectificar» el error o «rematar más el clavo», ya que aplicar la propuesta supondría «un debilitamiento sustancial» de los derechos de los trabajadores, ya afectados por el «desequilibrio negociador» a favor del empresario, porque se les aplicaría la indemnización por despido procedente (20 días por año) en lugar de la improcedente (45 o 33 días por año). A renglón seguido, ha acusado a los nacionalistas catalanes de reclamar «de forma muy beligerante» más soberanía, pero «no para ejercerla, sino para «neutralizarla o cederla gratuitamente a los poderes económicos». Por eso, ha reclamado recuperar la autorización administrativa previa pero no sólo para el caso de «inacción» de la empresa –para el que «los trabajadores ya tienen una forma de actuar, pidiendo la rescisión del contrato»– sino para cualquier situación. PROBLEMA A PROBLEMASin embargo, la socialista Teresa Rodríguez Barahona cree que la propuesta de CiU es «muy limitada» pero «en todo caso necesaria» para intentar «resolver uno de los muchos y muy graves problemas generados por la reforma laboral» como es el del fin de la autorización administrativa previa, que obliga a los trabajadores de forma individual a instar el ERE, sin que puedan hacerlo los sindicatos, según ha explicado.
Además, ha aprovechado para recriminar al Ejecutivo ‘popular’ las consecuencias de tres años de su normativa laboral, que ha «pulverizado la negociación colectiva» y que, «amparándose en el mantra de que la rigidez de la normativa laboral obstaculiza la creación de empleo», ha provocado una «precarización generalizada», la «eliminación de derechos y garantías» para los trabajadores y la «devaluación laboral y salarial», sin impulsar sin embargo «un mejor funcionamiento del mercado de trabajo». «Es fundamental un cambio de rumbo y reponer la capacidad del diálogo social y la negociación colectiva en todo su potencial», ha zanjado Rodríguez Barahona, adelantando el voto a favor de los socialistas. También el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha avanzado el ‘sí’ de los nacionalistas vascos. Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Rafael Calduch, ha replicado a Campuzano y Coscubiela que «dos versiones incompletas no dan necesariamente una interpretación completa», recordándoles que «el trabajo no lo crea sólo el empresario o los trabajadores» sino que «se genera por la relación entre ambos». Por ello, y aunque no se recuperen «todos los derechos lesionados en la reforma laboral», la formación magenta apoyar «mejoras que se puedan ir realizando» como que los trabajadores puedan solicitar un ERE igual que lo hace la empresa con control de la autoridad laboral. No obstante, ha afeado a CiU que no haya incluido en su propuesta ninguna «salvaguarda» habida cuenta de que «los abusos» en el ámbito laboral los están protagonizando grandes empresas nacionales y multinacionales, por lo que es necesario por ejemplo «proteger» el patrimonio personal de los pequeños y medianos empresarios cuando los trabajadores actúan de forma irresponsable.
