Cecot, Consejo Intertextil Español, Fepime y Centre Metal·lúrgic han presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra la indemnización del Gobierno español a la concesionaria del almacén submarino de gas Castor en concepto de ayuda de Estado.
Alegan que puede ir contra la libre competencia y la competitividad empresarial, ya que los 1.350 millones de euros fijados por el Gobierno como compensación por paralizarse el proyecto recaerán sobre el recibo del gas durante 30 años desde el 1 de enero de 2016, han explicado este viernes en rueda de prensa representantes de las entidades. La abogada Asun Cirera ha explicado que el objetivo de esta denuncia administrativa es que la CE abra una investigación para confirmar si la indemnización a la concesionaria Escal –participada mayoritariamente por ACS– es una Ayuda de Estado, como argumentan las entidades denunciantes, y que la prohíba si así lo ratifica. Ha justificado el interés legítimo de los denunciantes porque las empresas se verán afectadas por el coste que tendrá esta medida en los consumidores de gas, y esperan acuse de recibo de la denuncia –presentada el jueves– en un máximo de 15 días, seguidos de dos meses para comunicar si se admite como prioritaria, y 12 meses de investigación. También el jueves informaron por escrito al ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la presentación de la denuncia y sus argumentos, ha explicado el presidente de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad. Consideran que se primó el interés de favorecer a una empresa privada –recuperando su inversión– por encima del interés general –que no ha conseguido ninguna mejora–; y que el Gobierno no estaba obligado a compensar a la concesionaria, porque la infraestructura no llegó a estar operativa, ya que Escal renunció al contrato antes de poner en marcha el almacén de gas debido a la proliferación de movimientos sísmicos en la zona durante su construcción. RIESGO SISMICO CONOCIDOInciden en que el riesgo sísmico se sabía antes de forma general en depósitos subterráneos, y que también estaba documentado con estudios y denuncias concretamente en esa zona, ante la costa de Tarragona y Castellón.
La denuncia ve «clara intención de construir la infraestructura sin tener en cuenta su viabilidad» y que no se exigió el informe de riesgo sísmico, lo que supone falta de buenas prácticas administrativas. Expone que tampoco hubo control sobre los costes económicos –se triplicó el presupuesto inicial–, y que el proyecto Castor recibió financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) sin tener en cuenta el impacto medioambiental. Señala que la indemnización es una medida selectiva porque otras concesiones de este tipo en España (Yela y Gaviota) no garantizan recuperar la inversión en los mismos términos que Castor, y anexa la solicitud del Parlamento Europeo aprobada el 30 de abril que pide a la CE y al BEI que tomen medidas para que los ciudadanos no deban asumir el coste de la indemnización. INDEMNIZACION DISCRIMINATORIAAbad ha afirmado que la denuncia tiene un «fundamento jurídico sólido» contra una medida que ve discriminatoria para el tejido productivo –además de para los ciudadanos–, y ha dicho que el sector industrial consume el 60% del gas en España.
Ha agregado que los denunciantes representan a todo el tejido empresarial no financiero de Catalunya –además de empresas del resto de España–, comunidad que concentra el 21% del consumo de gas en España; y ha lamentado que dos gobiernos centrales de diverso signo han hecho posible esta indemnización, que, por su reparto en 30 años, supondrá a los consumidores un coste total de 4.500 millones. El presidente del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain, ha recordado que el consumo de gas representa de media el 28% de la energía que necesita la industria –el 43% en el caso de la química, y la mayoría en algunos subsectores textiles, entre otros–, y que no consigue ninguna mejora en el servicio pese a tener que asumir el pago de la indemnización en la factura. El presidente del Centre Metal·lúrgic, Carles Garriga, ha lamentado que la administración no cumple su papel de facilitar la actividad empresarial, sino que agrega costes con esta indemnización –con un encarecimiento del 4,5% del recibo para ciudadanos y empresas desde 2016–, además de otros impedimentos, como la burocracia y los retrasos en pagos a proveedores.
