Los españoles pagarán 250 millones menos al año en peajes eléctricos

Los españoles pagarán 250 millones de euros menos al año gracias a la rebaja de los peajes eléctricos que el Gobierno incluyó el pasado viernes en el decreto ley de medidas urgentes que también recoge el adelanto de la rebaja fiscal prevista para el año próximo al pasado 1 de julio.

En la memoria de dicho decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que la partida de pagos por capacidad a la que todos los consumidores eléctricos deben contribuir acabará este año con un «exceso de recaudación», por lo que se ha decidido revisar los precios de esos costes para disminuir la factura eléctrica.

Esto supone que todos los consumidores, tanto domésticos como empresas, pagarán unos 250 millones de euros menos por peajes cada año, lo que supone una reducción media de la factura del 0,9% con respecto a lo que se pagaba a principios de año.

Un porcentaje que el Gobierno elevó el pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al 2,1% de media ya que la reducción de los precios que se aplicará este año se concentrará en apenas cinco meses (de agosto a diciembre), por lo que a principios de 2016 la factura eléctrica subirá de media 1,2% respecto al mes anterior.

«La medida debe adoptarse con la máxima antelación posible para evitar saltos bruscos en la repercusión que estos cambios de precios podrían suponer para los consumidores en caso de retrasarse su aprobación», añade el Ejecutivo en la memoria, donde se asegura además que el cambio no tendrá impacto presupuestario.

IMPACTO POCO SIGNIFICATIVO.

Sí impactará las cuentas públicas aunque de forma «poco significativa» la otra modificación de la Ley del Sector Eléctrico que se ha incluido en el decreto para reducir las «excesivas» cargas administrativas y de gestión que se imponen a los consumidores con potencia contratada de entre 4 y 10 kW.

Y es que según el Gobierno por cada 100.000 pequeños autoconsumidores apenas se dejarían de recaudar entre 15 y 20 millones de euros, que se sumarían a una pérdida también «no significativa» de ingresos por IVA y por el Impuesto de Electricidad. En total, esta pérdida supondrá un 26% de la minoración de la recaudación de ingresos para el sistema eléctrico, se calcula en la memoria.

AYUDAS AL CARBON.

Por otra parte, el decreto ley también recoge medidas sociales para los trabajadores de la minería del carbón ante la «constante caída de la cotización» de esta materia prima, que obligará a muchas empresas a adelantar el cierre y a declarar concurso de acreedores o insolvencia y liquidación.

«Resulta de capital importancia paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y pocas oportunidades de reinserción», explica el Gobierno, recordando además que muchos de los trabajadores afectados están en una edad de difícil reinserción laboral.

Por eso se ha decidido dar «flexibilidad» al régimen de ayudas previsto en el Acuerdo Marco para la minería del carbón 2013-18 de modo que se puedan anticipar las ayudas por costes laborales para trabajadores de edad avanzada al ejercicio 2016 y facilitar las bajas indemnizadas a un grupo reducido de trabajadores que se incorporaron desde compañías auxiliares a las plantillas de las empresas mineras entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2015.

Así, a corto plazo habrá un incremento de ayudas sociales «difícil de cuantificar» por su carácter voluntario pero que, en cualquier caso, se verá «compensado» con la rebaja en las líneas de ayudas en los años sucesivos.

De hecho, se barajan dos hipótesis, que permitirían un ahorro total con respecto al Plan de la Minería del Carbón 2013-2018 inicialmente acordado con sindicatos y patronal de entre 1,9 millones de euros y 117,5 millones de euros aunque adelantaría gran parte de las necesidades de gasto a los Presupuestos del año que viene.

Por una parte, un escenario «probable» en el que las ayudas por bajas indemnizadas se producen progresivamente hasta 2018 y se acogen unos 448 trabajadores el año que viene, lo que produciría un ahorro de 1,9 millones respecto a las previsiones del Plan de la Minería aunque con un coste adicional de 11,5 millones en las cuentas del año próximo.

Y, por otra parte, un escenario «extremo» que supone el cierre de todas las minas no competitivas ya en 2016 con un ahorro de 1,3 millones en el plan global pero un coste adicional de 44,5 millones a recoger en los Presupuestos del año que viene para pagar ayudas por edad avanzada a 448 trabajadores, bajas indemnizadas a otros 591 y bajas indemnizadas de carácter excepcional a 40 empleados más. En este caso, también habría que tener en cuenta que el Estado se ahorraría 73 millones de subvenciones a la producción de carbón nacional.

En este decreto ley el Gobierno también adelanta la rebaja fiscal en el IRPF que debía entrar en vigor a inicios del año próximo al 1 de julio, con los necesarios cambios en la Ley del IRPF, la del Impuesto de Sociedades –sólo para rebajar las retenciones– y la del Impuesto de la Renta de los no Residentes. Estas medidas tendrán un coste de 1.500 millones de euros.

Con todas estas modificaciones el Gobierno reconoce que deberá asumir un «coste recaudatorio» pero también un «ahorro y un aumento de la renta disponible después de impuestos para los contribuyentes», lo que servirá para «estimular la economía» y, a la postre, recaudar más vía impuestos, compensando así «parcialmente» la inicial pérdida recaudatoria.

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