El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública ha citado para declarar en calidad de testigo el próximo 20 de julio a la inspector jefe de la Oficina nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.
La citación se produce en coincidencia con el levantamiento del secreto de la pieza documental del caso, que estalló el pasado 16 de abril cuando el exmandatario fue detenido por unas horas y su domicilio y su oficina personal registradas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en cumplimiento de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria. El magistrado ya levantó parcialmente el secreto que pesaba sobre las actuaciones el pasado 27 de mayo salvo en la pieza separada que contenía la información intervenida en los registros. Esta es la parte que se pondrá ahora en conocimiento de las partes. En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid, procedente de una investigación de la ONIF, Hacienda pidió la detención del el exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de presuntas operaciones de despatrimonialización entre 2014 y 2015 y reclamó el registro de su domicilio «incluso con la autorización de la fuerza». En su informe, sobre el que se preguntará el próximo lunes a García Valdecasas, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales. DESPATRIMONIALIZACION. La inspectora de la ONIF deberá también ratificar lo señalado en su informe sobre presuntas operaciones de despatrimonialización que se vienen realizando «con mucha intensidad» en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el caso Bankia. La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene «un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales», algo que choca con una actividad empresarial y profesional «básicamente nacional y escasamente internacional», según rezaba la denuncia. También sospecha que Rato utilizaba «territorios de riesgo» (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía «una elevada facturación interna» en su entramado societario que «hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA. Por otra parte, sospecha que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI «hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA». De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia «el ánimo de defraudación tributaria», razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato. Asimismo, solicitó la entrada y registro en las fincas ubicadas en las calles Ramón de la Cruz, Castelló, Sotogrande y Almagro, el bloqueo y embargo de las cuentas de Rato y que se procediera a su detención «al menos por el tiempo necesario» para asegurar la obtención de pruebas y la materialización de las medidas cautelares propuestas.
