Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a adoptar cambios para facilitar y fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los concursos públicas, en línea con el objetivo que la UE se marcó en las directivas comunitarias sobre contratación pública aprobadas hace un par de años.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas catalanes recuerdan que las micro, pequeñas y medianas empresas consiguen apenas el 29% de los contratos públicos, pese a representar el 99,88% del tejido productivo del país y el 51,6% del empleo. «Estos datos ponen de manifiesto que estas empresas experimentan más dificultades y barreras para acceder a los contratos públicos que el resto», concluye Unió, que considera que el «potencial» que tienen las pymes para crear nuevos puestos de trabajo justifican darles apoyo para promover su participación en concursos públicos de todas las administraciones y organismos públicos. MAS INFORMACION Y MENOS EXIGENCIASPor eso, la formación pide al Gobierno que tome medidas para promover un incremento de la participación en la contratación pública de pymes y micropymes, comenzando por facilitar su acceso a la información relevante en este ámbito y mejorar su «calidad y comprensibilidad».
Además, pide mecanismos de apoyo para la presentación de propuestas y campañas de sensibilización hacia las empresas y también hacia las adminstraciones para concienciar sobre la importancia de que este sector del tejido empresarial participe más en el mercado público. Por último, considera necesario hacer un seguimiento de la evolución de las contrataciones públicas con pymes mediante un informe anual que se presente en las Cortes y que recoja los avances y medidas adoptados. MONTORO ANUNCIO MEDIDAS HACE AÑO Y MEDIOEn noviembre de 2013 el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció que se adoptarían cambios legales para que las pymes y los autónomos no tuvieran que contar con una clasificación previa para poder acceder a los concursos públicos y para que les bastara con una declaración de que cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Estado.
Además, el Gobierno avanzó su intención de duplicar los plazos de vigencia de las certificaciones de solvencia (de cinco a diez años) para que las compañías cuenten con «mayores facilidades» para optar a concursos de obra pública a través de un certificado que garantiza su buen hacer en contratos anteriores. Estos cambios fueron introducidos en la legislación española a través de la Ley de la Factura Electrónica, a la que próximamente se unirá la nueva normativa de contratación pública –actualmente en tramitación parlamentaria–, donde el Ministerio recogerá nuevas facilidades de acceso a la contratación pública por parte de las pymes, como la supresión de cargas administrativas y económicas. En la misma línea, se generalizará la división en lotes de los contratos cuando sea posible, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, que también insta a los estados miembros a establecer requisitos de capacidad económica y financiera adaptados a las pymes y a reducir sus cargas administrativas ligadas a la licitación pública.
