Facua-Consumidores en Acción denuncia que las compañías eléctricas se están valiendo de un real decreto de diciembre de 2012 para recortar el plazo de pago de las facturas, por lo que pide al Gobierno «sensibilidad» con este asunto.
En concreto, el plazo fijado para el pago de la factura a partir del cual podrán aplicarse penalizaciones por retrasos ha pasado de veinte a siete días, indica la organización en una nota. Las compañías, asegura, ya están notificando a los usuarios el cambio en las condiciones contractuales, que afecta a los recibos con domiciliación bancaria. «El ministro de Industria está muy preocupado por que haya tantas familias que no pueden hacer frente al recibo de la luz. Pero no por sus dificultades económicas, la carestía de las tarifas y las alarmantes cifras de pobreza energética», indica el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. «Básicamente, lo que le preocupa a Soria es que las eléctricas tarden en cobrar. Por eso ha reducido el plazo que tienen los usuarios para pagar, facilitando que se aceleren los cortes de suministro y que aumente la cuantía de las penalizaciones por abonar las facturas con retraso», añade. La norma que permite recortar el plazo de pago es el real decreto 1718/2012, de 28 de diciembre. El tope se fija en el artículo 2.2 para los usuarios con la tarifa PVPC (la antigua TUR) y en su artículo 3.3 para los que hayan contratado tarifas de mercado libre. Estos plazos no afectan a los clientes que no paguen mediante domiciliación bancaria, que seguirían acogidos a los veinte días establecidos en la normativa anterior a dicho real decreto.
