El Gobierno destinará 4.227 millones a las políticas energéticas en 2016, un 12,5% menos

El presupuesto del Gobierno destinado a políticas energéticas ascenderá en 2016 a 4.227 millones de euros, lo que supone una reducción del 12,5% debido a la caída del precio del petróleo y las reformas acometidas que han llevado al «equilibrio» en el sistema eléctrico.

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, subrayó que la financiación de los costes eléctricos es «la partida más importante en magnitud» de estos presupuestos, realizados en un marco de «contención» presupuestaria.

Nadal manifestó que los presupuestos para el ejercicio que viene responden «adecuadamente» a las necesidades y que la reducción obedece a la corrección del déficit de tarifa. A este respecto, destacó que al inicio de la legislatura existía un «importante» déficit estructural de unos 10.000 millones de euros anuales, que de haberse trasladado al recibo habrían supuesto un incremento de cerca del 40%, por lo que el «objetivo fundamental» ha sido eliminar este déficit.

Así, señaló que no sólo se ha acabado con este déficit del sistema eléctrico, con un 2014 que ha sido el primer ejercicio en equilibrio, sino que además el año 2015 será el primero «en superávit en más de una década» y ha permitido una reducción en los peajes eléctricos.

Además, explicó que dentro de estos presupuestos se incluye el compromiso de la reforma energética de financiar a través de las cuentas públicas el 50% del extracoste de la actividad extrapeninsular, que asciende este año a un total de 1.481 millones de euros, un 16% menos que en 2014 debido principalmente a la caída del precio del petróleo y a la puesta en funcionamiento de los reales decretos que regulan su retribución.

Respecto a la partida del presupuesto correspondiente a la financiación del sistema en base a los ingresos tributarios de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y los ingresos por subastas de derechos de emisión y gases de efecto invernadero, señaló que registran un descenso de 285 millones de euros, hasta los 2.704 millones, debido principalmente a que en 2016 se recaudará solo por un canon hidráulico, frente a los dos de este año.

RECAUDACION «BASTANTE MAS ELEVADA».

A pesar de ello, Nadal señaló que la recaudación será «bastante más elevada», con una previsión de 240,5 millones de euros adicionales, debido a que este año la producción de energía eléctrica es un 30% inferior a la del año pasado en su componente hidráulico, «que es lo que está elevando el precio del mercado, pero se introduce una mayor recaudación tributaria, lo que permite una mayor flexibilidad desde el punto de vista de los peajes».

Por otra parte, apuntó la importancia dentro de los presupuestos de la eficiencia energética, «clave para alcanzar los objetivos, ya que la mejor energía es la que no se necesita generar gracias a la eficiencia».

A este respecto, Nadal destacó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al que aportan recursos todas las empresas del sector energético y que en 2016 contará con unos fondos de 200 millones de euros, así como el papel del IDAE, con una partida de 11,2 millones de euros, que es «una herramienta fundamental para la eficiencia energética».

Respecto al sector de la minería indicó que las transferencias a esta partida asciende a 331 millones de euros, mientras que se mantiene en 50 millones de euros el presupuesto correspondiente al desarrollo de las comarcas mineras.

AUTOCONSUMO.

Por otra parte, Nadal volvió a defender el marco para el autoconsumo que el Gobierno prevé aprobar en septiembre, ya que lo que pretenden los contrarios a él es «una subvención del peaje eléctrico de las familias modestas a las grandes empresas y grandes espacios».

Así, subrayó que pretender que estos consumidores no paguen partidas como la deuda, las renovables, la red o las extrapeninsulares «es lo más antisocial que existe» y señaló que responde «al interés de determinados lobbys», ya que los consumidores que quieren practicar autoconsumo son «las grandes empresas o las viviendas muy grandes».

«Lo único que hace el real decreto de autoconsumo es establecer claramente las condiciones en las que se puede consumir y que los costes los asuman exactamente igual todos los consumidores, con las excepciones de Canarias y de los consumidores muy pequeños y muy modesto», dijo al respecto.

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