El Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere una reforma en profundidad del sistema energético y propone algunas medidas como crear una tarifa industrial «estable» que dé seguridad a las empresas y facilite su competitividad, y también reclama compensaciones para los territorios productores de energía.
Estas medidas se recogen en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Industria del Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, los nacionalistas gallegos critican las subastas de interrumpibilidad puestas en marcha por el actual Gobierno porque resultan «perversas» para la industria, que queda «al albur de un sistema voluble que no les otorga seguridad a la hora de planificar su futuro». A su juicio, la falta de precios de referencia y el establecimiento de una subasta anual «afecta a las inversiones» que las grandes consumidoras de electricidad realizan en sus instalaciones, además de generar una competencia desleal ya que las subastas «a ciegas» acaban generando precios diferentes en cada caso, sin tener en cuenta factores como la cantidad de energía que utiliza cada tipo de industria. «Consideramos más adecuado el sistema anterior de precios por consumo porque, aunque tampoco era el modelo más adecuado, al menos era seguro y más justo que el actual», insiste el Bloque, que reclama por eso «derogar el sistema de subastas» de interrumpibilidad, que «únicamente está reportando problemas de inestabilidad empresarial, encarecimiento de los costes de producción, competencia desleal e inseguridad laboral». LA ALTERNATIVA: UN PRECIO ESTABLEComo alternativa a este sistema, el BNG pone sobre la mesa el modelo vigente en países como Alemania o Francia, con la aprobación de una «tarifa industrial estable» que permita «variaciones predecibles» y a la que se puedan acoger los grandes consumidores que cumplan «una serie de requisitos de consumo».
Pero, además, insiste en su petición de «reformular todo el sistema» e incorporar tarifas más bajas para los territorios que, como Galicia, son «netamente productores de energía» y que no se ven compensados de ninguna manera por los efectos negativos «sociales y ambientales» de contar con instalaciones productoras de energía. «El Gobierno suele esgrimir razones de solidaridad territorial mal entendida para negarse a aceptar una tarifa eléctrica distinta para Galicia. Pero sólo se practica la solidaridad en un sentido. No existe la solidaridad para con el que produce la energía y sufre los costes de generarla», apunta la formación.
