Las empresas de ingeniería denuncian que el Gobierno está incurriendo en una competencia desleal al encomendar a la firma de ingeniería pública Ineco proyectos que no encajan con los criterios de emergencia, urgencia o seguridad que, según la ley, deben justificar estos encargos directos sin previo concurso público.
El sector advierte asimismo de que las administraciones públicas están «devaluando» el sector al centrar en los criterios económicos el grueso de la decisión sobre la adjudicación de los proyectos. Las ingenierías avisan además de que esta tendencia se traduce en «elevados sobrecostes» en las fases posteriores de las obras, dado que la falta de un proyecto adecuado genera «desviaciones, imprevistos y necesidad de mantenimiento» de los proyectos. Así, las ocho patronales territoriales del sector, que suman un total de 248 empresas, se han unido para reclamar al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) medidas para atajar esta situación. Estas organizaciones demandan que se detengan las encomiendas de gestión a Ineco y otras firmas públicas como Tragsa, y se limiten a los «supuestos de emergencia y seguridad que fija la Ley», para que, de esta forma, dejen de competir de forma desleal con el sector privado. Asimismo, reclaman que el precio deje de constituir el principal elemento a la hora de adjudicar un proyecto, y que la calidad de los diseños tenga una mayor peso en la ponderación final, en línea con los baremos del resto de países de la UE. Además, las patronales del sector reivindican un incremento de la inversión pública en mantenimiento de infraestructuras y que el impulso de la internacionalización del sector se considere «un factor de competitividad para el país».
