(Ampl.) La industria solar pide a Nadal igualdad de trato entre inversores extranjeros y españoles

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y la asociación de empresas termosolares Protermosolar han remitido una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que le reclaman igualdad de trato para los inversores nacionales frente a los extranjeros, que se encuentran amparados por la Carta de la Energía y pueden recurrir a los arbitrajes internacionales.

En una nota, las asociaciones advierten de la ruptura de la seguridad jurídica fruto de esta circunstancia y aluden a las recientes declaraciones de Nadal en las que consideró que el impacto de los litigios abiertos sería «muy pequeño en el peor escenario, pues ninguna empresa española puede arbitrar contra el Reino de España» en los tribunales internacionales.

Para UNEF, Anpier y Protermosolar, el secretario de Estado da a entender que los más de trescientos recursos en marcha actualmente en el Tribunal Supremo no serán ganados por los demandantes, lo que, a juicio de las asociaciones, «implicaría presumir, e incluso llegar a condicionar, el fallo de un órgano que ha de ser independiente».

Las empresas fotovoltaicas y termosolares también aluden a la «grave falta de previsión» en la que desde su punto de vista incurre Nadal en lo referido a los costes económicos de la reforma del sector eléctrico «puesta en marcha de forma retroactiva, sin contar con el consenso del sector y sin aplicar el consejo de los órganos reguladores que se han manifestado en contra, como la CNE, la CNC, o la Defensora del Pueblo».

Las asociaciones exigen además al Ministerio de Industria que muestre los estudios de impacto económico que han motivado «estas sorprendentes declaraciones del secretario de Estado» y consideran «inconcebible y contrario al derecho un escenario en el que el Estado español se viera obligado a indemnizar a fondos internacionales por los recortes retributivos a las renovables, mientras que las familias españolas, los propios nacionales, fueran sentenciadas a cargar con los mismos».

La reforma del sector eléctrico en vigor desde julio de 2013, indican, ha afectado a más de 62.000 familias que invirtieron en plantas de energía fotovoltaica alentados y confiados en la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Las reformas retroactivas puestas en marcha por el actual Gobierno han supuesto un recorte de ingresos para el sector de más de 930 millones de euros anuales, con reducción que en algunos casos han equivalido a más del 50% de los ingresos previstos en el momento de realizar la inversión.

INSOLVENCIA.

«Al haberse producido durante los primeros años de funcionamiento de las instalaciones, estos recortes han llevado a situaciones de insolvencia por imposibilidad de atender los compromisos de pago de deuda con las entidades financieras que, en numerosas ocasiones, están derivando en auténticos dramas personales a quienes confiaron en su país y, siguiendo sus recomendaciones, apostaron por un sistema energético más sostenible», afirman las asociaciones.

UNEF, Anpier y Protermosolar recuerdan que Moody’s ha publicado esta semana un estudio en el que asegura que España es el país europeo con más riesgo para invertir en renovables, lo que, sin duda,» va a afectar al coste de las nuevas renovables a instalar en el país, que soportarán una prima de riesgo muy superior a la de otros países».

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