El plan económico de Artur Mas, asociado a su desafío político y a su necesidad de apelar a la CUP, agravaría las dificultades financieras de Cataluña, según los expertos consultados por elEconomista. Debe sufragar medidas sociales exigidas por la CUP, cifradas en 1.000 millones anuales, cuando apremia al Estado para recibir urgentemente 2.300 millones del FLA y ya adeuda 330 millones a las farmacias.
Como explican Ingrid Gutiérrez, José María Triper e Isabel Acosta en ‘El Economista‘ este 10 de noviembre de 2015, ante tal tesitura, prevé renegociar la deuda, pero según el profesor de Banca Juan Fernando Robles, es un recurso prácticamente inviable:
«Tiene un grave problema de rating, y los acreedores exigirán una clarificación del escenario político y económico que no les puede brindar».
El profesor del IEB Miguel Ángel Bernal coincide en que tendría una calificación de bono basura que complica una financiación a menor coste. Bernal indica que sólo tendría dos salidas: bonos patrióticos, «difíciles de colocar, dadas las circunstancias», o subir impuestos.
A este respecto, Robles añade que su margen para aplicar subidas fiscales está prácticamente agotado.
En la misma línea, Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporative Intelligence, asegura que las medidas de Mas «no sólo no pemitirían financiar un Estado social como pretende, sino que llevarían a la economía catalana a un estado recesivo».
Subir impuestos o peajes son medidas, además, «que van en contra de su electorado», añade, para concluir que «desde el punto de vista técnico, Cataluña está en la bancarrota».
El doctor en Ciencias Económicas Felipe Carballo recalca que «no se puede trasladar a la lógica económica lo que está basado en la irracionalidad del independentismo». Apunta que Cataluña tiene «un agujero importante en la Seguridad Social, que con la independencia exigiría aportar unos recursos que no tiene y que no se pueden conseguir vía impuestos, porque ya son los más altos de España», y añade que las medidas que plantea Mas «exigirían expropiar o nacionalizar las infraestructuras».
Países nórdicos. Este lunes, el president en funciones esbozó una Cataluña independiente homologable a Dinamarca, Austria o Noruega en 18 meses. Fue el eje central de su discurso de investidura, pese a que la situación catalana se asemeja más a la de países endeudados del sur de Europa.
Plan de emergencia social. Alrededor de un 20% de la población catalana está en riesgo de pobreza. Mas propone un plan de emergencia social, pero sólo concretó la cifra de 1.000 millones anuales para «encarar las situaciones más urgentes, desde alimentos a cobertura energética».
Renta mínima garantizada. Mas prometió transformar la renta mínima de inserción en una renta garantizada de ciudadanía «con un sistema de incentivos para priorizar la inserción social a través del trabajo y evitar situaciones de pobreza», una medida similar a la que Podemos e IU defienden.
Vivienda. Además, habló de «resolver» las situaciones de desahucios con la adquisición de viviendas por parte de la Generalitat e incluso, negociar con la Sareb y las grandes entidades financieras para «que se ocupen viviendas vacías en régimen de alquiler social».
Hacienda catalana. Mas prioriza la creación de un inventario de infraestructuras y servicios que pueda asumir la Generalitat, así como un Banco Central catalán independiente. El Parlament también tiene previsto crear una Hacienda propia para recaudar y tener «plena autonomía en materia fiscal» a través de cinco órganos principales: el Consejo Fiscal de Cataluña, el Instituto de Estudios Tributarios, la Oficina de Fiscalidad Internacional, la aduana y la agencia catalana de propiedad inmobiliaria.
Una hoja de ruta que los propios informes de la transición nacional catalogaron como inviable e imposible de realizar, y que, según el profesor Robles, generarían incertidumbre tributaria.
Sanidad, educación, pensiones. Mas se comprometió a invertir más en sanidad y educación, pese a haber recortado 1.408 millones y 1.076 millones, respectivamente, o revertir el IVA cultural.
Pese a que los ingresos por cotizaciones en Cataluña sólo alcanzan para sufragar el 64% de las pensiones, Mas también se mostró vehemente al afirmar que el Estado catalán «no sólo puede garantizar el pago de pensiones, sino que incluso podría mejorar las prestaciones sociales en su conjunto». Para cumplir todo esto, la Cámara «priorizará» la creación de la Agencia Catalana de la Seguridad Social.
