Ciudadanos se compromete a mantener la moratoria sobre los lanzamientos por impago de la hipoteca, aumentando los criterios para acogerse a ella de modo que beneficie a más ciudadanos y eliminando la acumulación de los intereses de demora durante el tiempo que se mantenga la suspensión del desahucio.
Así se recoge en las ‘Diez propuestas para garantizar el derecho a la vivienda’, las propuestas electorales que el responsable económico de la formación naranja, Luis Garicano, ha presentado este jueves en Madrid y que recoge Europa Press. El objetivo de Ciudadanos es desarrollar la normativa para que la vivienda entendida como un derecho social no se quede en «promesas vacías». Y, para ello, es necesario mejorar el funcionamiento del mercado y también proteger a las familias, algo que hasta ahora no ha ocurrido por «la existencia de un Estado clientelar y su captura por los intereses de los más poderosos». Para revertir esta situación, una de las primeras medidas a adoptar es mantener la moratoria sobre los lanzamientos –que actualmente está pensada hasta la primavera de 2017–, aumentar los supuestos para acogerse a ella –aunque no precisa en qué sentido– y garantizar que no se generarán intereses de demora durante ese tiempo, como sucede actualmente. MAS ALQUILER SOCIALPor otra parte, Ciudadanos quiere fomentar el mercado del alquiler y para ello propone que las viviendas de protección oficial actualmente vacantes se pongan en alquiler por rentas que no superen el 30% de los ingresos de las familias, y con controles «más rigurosos» para garantizar que se cumplen en todo caso las condiciones de acceso.
Entre esos requisitos, se podrían incluir obligaciones de búsqueda activa de empleo o de suscripción de itinerarios formativos o de inserción socio-laboral o techos de ingresos diferentes en función de la situación familiar para favorecer a hogares con hijos o discapacitados, pero sin tener en cuenta si se ha residido previamente en el municipio, de modo que se favorezca la movilidad laboral. Junto con las actuales VPO, Ciudadanos cree que el parque de viviendas para el alquiler social podría completarse con fondos gestionados por las comunidades autónomas e integrados por viviendas públicas para rehabilitar, pisos en manos de la Sareb o del FROB tras procesos de desahucio, e incluso propiedades cedidas por entidades financieras o particulares. Para incentivar a los ciudadanos a ceder sus pisos vacíos o a ponerlos en alquiler, la formación naranja cree que se podría plantear una bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), dejando en manos de los ayuntamientos cierto margen de maniobra en el nivel de la bonificación en función de zonas con más o menos demanda habitacional. Igualmente, podría establecerse que la comunidades compensen por la pérdida de ingresos municipales. En aras a reforzar la seguridad jurídica del mercado del alquiler, se podría extender el sistema de conciliación, mediación y arbitraje, así como los sistemas públicos de intermediación y garantía de pago actualmente existentes, o condicionarlos a una cesión efectiva del inmueble a una entidad pública o privada para «promover la institucionalización del mercado». RESCATAR A LOS CIUDADANOSPor otra parte, el partido que encabeza Albert Rivera aboga por aprobar un ‘rescate a las familias’ mediante un plan de reestructuración de deudas hipotecarias «temporal y extraordinario» al que se puedan acoger familias con cargas financieras derivadas de la compra de su vivienda habitual, contraídas en la época de la burbuja inmobiliaria y que superen un importe o un porcentaje determinado en relación con sus ingresos, entre otros requisitos.
Así, mediante un proceso de apoyo y asesoramiento, y una mediación con su entidad financiera, se podría intentar reestructurar su deuda para reducir el importe mensual hasta «niveles normales», incluyendo entre las posibles herramientas para lograrlo quitas puntuales del montante, prórrogas, extensiones de préstamo o prorrateo de intereses, que podrían asumir tanto el sistema financiero como los poderes públicos. En último término se podría llegar a acordar subrogaciones o adquisiciones preferentes mediante el derecho de retracto como paso previo a un acuerdo de alquiler social para que el deudor no se quede sin vivienda. Es más, en situaciones de especial emergencia social, el Estado podría llegar a expropiar el uso de la vivienda a los bancos hasta un máximo de tres años a contar desde el lanzamiento, en aras a que el desahuciado pueda quedarse en sus vivienda a cambio de un justiprecio que pagarían la Administración y el beneficiario. SEGUNDA OPORTUNIDAD CON DACION EN PAGOJunto con este plan de rescate, Ciudadanos reclama ir más allá en la Ley de Segunda Oportunidad para incluir la dación en pago de la vivienda por su valor de mercado y también la exoneración total de deudas tras la liquidación del patrimonio restante, sin que los acreedores puedan reactivar el proceso en el futuro bajo ninguna circunstancia, como se permite ahora durante unos años.
En este sentido, el deudor podría solicitar una nueva tasación de su vivienda en el caso de préstamos hipotecarios y se reconocería la inembargabilidad de parte de su valor, de modo que tras la ejecución se le entregaría esa cantidad para poder satisfacer sus necesidades de alojamiento. En el caso de deudas sin garantía, se activaría un mecanismo similar al concurso de acreedores si bien la residencia habitual no podría ser embargada en ningún caso en el procedimiento extrajudicial. Tras la liquidación del patrimonio, el juez podría dictar la reducción o incluso la exoneración de la deuda pendiente. MAS INFORMACION Y TRANSPARENCIAIgualmente, la formación magenta quiere que se pueda sancionar con la pérdida de intereses o incluso del principal «en determinados casos» a las entidades financieras que incurran en préstamos irresponsables, y aboga por regular los ficheros de solvencia positivos para favorecer la competencia entre bancos.
En aras a reforzar las garantías de información y protección de los consumidores hipotecarios, Ciudadanos incluye en su decálogo de propuestas ampliar los documentos contractuales que deben ser aportados y la información financiera que tienen que publicar las entidades financieras. Información a la que deberían poder acceder en las mismas circunstancias los avalistas en cuanto a sujetos protegidos. Además, se debería obligar a los bancos a tener un teléfono de información gratuito y una nueva Comisión Nacional de Mercados Financieros se encargaría de establecer contratos tipo para el sector. Los tribunales arbitrales de consumo de las comunidades autónomos habrían de contar con secciones específicas para casos de insolvencia o desahucio, asuntos sobre los que haría falta crear Sistemas Integrales de Información y Asesoramiento.
