La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo justifica su decisión de otorgar la competencia del caso Rato al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid en detrimento de la Audiencia Nacional en que el núcleo de la actividad criminal que se investiga en esta causa tiene lugar en España y se dirige desde aquí, a pesar de que parte de los fondos ilícitos con los que se relaciona al exvicepresidente del Gobierno fueran derivados al extranjero.
En el auto en el que el alto tribunal resuelve el conflicto de competencia planteado por el titular del 31, Antonio Serrano-Arnal, el ponente de la resolución, el presidente de la Sala Manuel Marchena, especifica que se aprecia la existencia de un flujo de capitales entre distintas sociedades que tiene como origen o destino España o tiene lugar dentro de su territorio.
«Precisamente en España se habrían cometido los supuestos delitos de los procederían esos fondos y también es en España donde, al parecer, tiene su domicilio social la entidad Kradronara», propiedad de Rato y que habría recibido las cantidades ilícitas para después remitirlas al extranjero.
El Supremo precisa que parte del dinero acabó en la entidad alemana Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín, pero dice que esto no significa que el delito de blanqueo se cometiera en ese lugar.
«Nada impide al Juzgado 31 de Madrid investigar las presuntas transferencias realizadas desde el extranjero o con destino a él», recuerda el auto redactado por Marchena, que añade que el juez Serrano-Arnal se encuentra en una mejor posición para continuar con la investigación ya que se trata de hechos «complejos» y fue él quien inició la instrucción.
REPASO A LA TRAMA.
El auto realiza un repaso de la causa, en la que se imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares a Rato y otras 13 personas y especifica que la mercantil Kradonara, cuya propiedad corresponde al 100 por 100 a la gibraltareña Vivaway, de la que es titular Rato, recibió cantidades que no cuantifica procedentes de posibles delitos fiscales y «otras fuentes de origen no esclarecido».
El dinero se destinó en parte a Bagerpleta, de la que Rato fue administrador único hasta el 22 de abril de este año. Esta empresa se utilizó «para dar apariencia de licitud a las cantidades desviadas de forma aparentemente ilícita».
Además, Kradonara habría recibido fondos de otra empresa, Albisa, controlada por el testaferro de Rato también imputado, Alberto Portuondo, que «podría haber intervenido para que Bankia se convirtiera en cliente de ciertas empresas de publicidad (Publicis y Zenith Comunicación) a cambio del pago de comisiones.
