España firma el acuerdo para que las multinacionales informen de lo que pagan en todos los países

España ha firmado este miércoles en París el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Información «país por país» junto a otros 30 Estados, que permitirá saber lo que pagan las multinacionales en todos los países.

Según ha indicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en una nota de prensa, el acuerdo, firmado en la sede de la OCDE de París por el secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria (AEAT), Miguel Ferre, supone «un paso relevante» en la transparencia de la información tributaria a nivel internacional. Al acto ha asistido el secretario general de la OCDE, Angel Gurría.

El intercambio de información «país por país» está incluido en el llamado Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting por sus siglas en inglés) de la OCDE, de lucha contra la erosión de bases imponibles, la planificación fiscal agresiva y la transferencia artificial de beneficios empresariales.

Implica que las multinacionales estén obligadas a presentar un informe «país por país» con información desagregada de los impuestos que pagan en todos los Estados donde tienen actividad. Según la OCDE, estos informes deben presentarse anualmente en la jurisdicción de la matriz del grupo multinacional y se compartirán de manera automática con los otros países firmantes, a través de intercambio de información intergubernamentales.

Hacienda asegura que la Comisión Europea (CE) va en la misma línea y tiene previsto presentar próximamente una normativa al respecto. España, por su parte, incluyó recientemente esta disposición en su normativa interna, concretamente en el nuevo reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado en julio de 2015, que desarrolla la reforma fiscal.

En el reglamento se estipula que las multinacionales residentes en España con una cifra de negocios superior a 750 millones y que tengan la condición de dominantes en un grupo estarán obligadas a suministrar información a la Agencia Tributaria de los impuestos que pagan «país por país» a partir de 2016. Sin embargo, el intercambio de información se hará efectivo a partir de 2017, en coordinación con la OCDE.

También deberán aportar información «país por país» las filiales de empresas que residan en un territorio con el que no exista acuerdo de intercambio automático de información. Entre la información a remitir se indicará por cada país, los ingresos, los resultados brutos, los impuestos devengados y satisfechos, los fondos propios, el valor neto contable de los activos materiales y la plantilla.

UN ACUERDO BUENO PARA ESPAÑA

Según Hacienda, con el acuerdo multilateral firmado este miércoles se amplifican los efectos de la normativa española, puesto que España podrá obtener información desagregada de los impuestos que pagan las multinacionales con matriz en los Estados que han firmado el acuerdo, sin necesidad de suscribir pactos bilaterales con cada uno de ellos. Por ejemplo, podrá tener información de los impuestos pagados por una filial situada en Suiza, Francia o Alemania y viceversa.

El objetivo del acuerdo es tener un conocimiento lo más amplio posible para evitar prácticas de planificación fiscal agresiva que permitan la nula o escasa tributación, aprovechando la diversidad tributaria internacional.

La información obtenida será para uso exclusivo de las administraciones tributarias, garantizándose el principio de confidencialidad de los datos tributarios. Servirá también, según la OCDE, para un mejor conocimiento de la formación de los precios de transferencia, lo que podrá ser utilizado para optimizar los recursos de la inspección tributaria.

OTRAS INICIATIVAS

España participa en otras iniciativas internacionales (OCDE, G-20 y Comisión Europea) como el acuerdo para establecer un intercambio de información tributaria que sea «automático» y «estandarizado», a partir de 2017 y ha incorporado en la legislación otras recomendaciones de la OCDE, referentes a la mejora de la gobernanza empresarial.

Entre éstas destaca la que establece como facultad indelegable del consejo de administración la fijación de la estrategia fiscal de la sociedad y la política de control de riesgos fiscales de la empresa. Además, tal y como recuerda Hacienda, la Agencia Tributaria y las grandes empresas acaban de reforzar el Código de Buenas Prácticas para avanzar en transparencia y seguridad jurídica.

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