El interventor general de la Junta de Andalucía, Adolfo García Fernández, ha presentado su dimisión ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública «por motivos personales», tras cerrar el último ejercicio presupuestario, dimisión que se hace efectiva días después de haber sido citado a declarar ante la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la propia consejera ha recibido hace varios días una carta con su renuncia, que ha sido aceptada por la consejera María Jesús Montero. Las fuentes han explicado que García Fernández ha renunciado «por motivos personales» y han apuntado que su salida «estaba pendiente de que se cerrará el ejercicio presupuestario, que finaliza a finales de enero». De esta forma, aseguran que se trata de una renuncia por razones personales «que estaba pactada hace meses», y que se produce ahora cuando se ha completado la tarea de ejecución y fiscalización del ejercicio presupuestario 2015. Según ha publicado este lunes ‘Diario de Sevilla’, García Fernández ha presentado la renuncia a su cargo tras casi cuatro años al frente de este órgano de control. Una decena de interventores y ex interventores de la Junta, entre los que se encuentra García Fernández, comparecerán en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los cursos de formación, que cerró el pasado viernes el listado definitivo de comparecientes, aunque a los interventores ya se les había notificado una semana antes. Según este diario, en la carta que García Fernández le presenta a Montero el interventor le traslada que «ya en anteriores ocasiones, la primera de ellas durante el pasado mes de marzo», le hizo saber su interés de cesar en el cargo. «Una vez llevados a término los diversos proyectos normativos y organizativos que están en desarrollo», García Fernández considera que es el momento adecuado para realizar el traspaso para que su sustituto se adapte cuanto antes. Es en estas fechas cuando la Intervención General concluye con el cierre de la contabilidad presupuestaria del pasado ejercicio, según mandató la orden de cierre publicada el pasado octubre.
