La Fiscalía de Vizcaya ha incoado diligencias de investigación a Iberdrola tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción contra la compañía por un posible delito relacionado con la manipulación del mercado eléctrico en diciembre de 2013, indicaron a Europa Press en fuentes de la Fiscalía.
Las conductas denunciadas por Facua acerca de prácticas anticompetitivas en el mercado eléctrico dieron origen recientemente a la imposición por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola, que anunció que recurriría la multa ante la Audiencia Nacional. En una nota de prensa, Facua informa de la decisión de la Fiscalía de Vizcaya y considera «inaceptable» que ni la CNMC ni el Ministerio de Industria «pusieran los hechos en conocimiento de la Justicia». Para la asociación, de los hechos expuestos en el expediente sancionador de la CNMC se podría desprender una «posible conducta delictiva de la empresa». La sanción a Iberdrola impuesta por el organismo presidido por José María Marín Quemada se refiere al incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. Tras la sanción del regulador, Facua apela al artículo 281 del Código Penal en el que se establece de forma expresa que «el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses». Por su parte, Iberdrola ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción de la CNMC y niega «rotundamente» haber realizado «cualquier manipulación fraudulenta de los precios mediante las ofertas de sus instalaciones de generación hidroeléctrica». En el periodo analizado por el regulador, señala la empresa, «no hubo manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica» porque no se interfirió en el proceso de formación del precio en el mercado eléctrico ni medió en ningún momento «engaño o fraude» ni hubo «intención nunca de alterar el precio de la electricidad». Iberdrola también sostiene que su comportamiento fue «perfectamente racional y legítimo», al tiempo que los hechos sobre los que se basa la sanción se presentan por la CNMC «de manera incorrecta y sesgada». También recuerda que una sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de julio de 2012 ya anuló la única sanción, de 2,4 millones de euros, impuesta a Iberdrola Generación basada en el mismo tipo sancionador.
