La portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Luz Rodríguez, ha registrado una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar el artículo 315.3 del Código Penal y archivar, en consecuencia, las causas penales abiertas a piquetes informativos en aplicación del mismo.
Este artículo, que existe desde que el Gobierno de Felipe González aprobó el Código Penal en 1995 pero que fue modificado el año pasado, prevé penas de prisión de entre tres y cuatro años y medio, y multas de entre doce y 18 meses, para quienes «actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga». De hecho, tras la aprobación de esta modificación el PSOE y otra formaciones políticas ya presentaron diversas iniciativas parlamentarias para reclamar su derogación, y una de las primeras propuestas socialistas en esta legislatura fue una proposición de ley para suprimir dicho precepto en su totalidad e instar a los jueces o tribunales a revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la actual redacción de la norma. ELIMINAR TODO LO QUE RESTRINGE EL DERECHO A HUELGAA esa propuesta se suma ahora otra proposición no de ley que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja y con la que el PSOE insta al Gobierno a adoptar «urgentemente» las medidas necesarias para derogar el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal y así archivar todas las causas que por la aplicación de dicha disposición penal se encuentren en tramitación.
Y es que actualmente hay más de 300 sindicalistas pendientes de sentencia en causas de este tipo, entre ellos los ocho trabajadores de Airbus para los que, en aplicación de este artículo, se piden hasta 66 años de cárcel tras haber participado en un piquete durante la huelga contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Pero, además, el PSOE solicita que el Ejecutivo revise todas las medidas legales que «dificultan o restringen» los derechos fundamentales de libertad sindical, huelga y otros derechos conexos, y emplazan al Congreso a manifestar su defensa del derecho de libertad sindical, huelga, negociación colectiva y adopción de medidas de conflicto colectivo. MAXIMA PROTECCION CONSTITUCIONALDerechos todos ellos que gozan del «máximo nivel de protección» constitucional y que sirven a los sindicatos para defender los intereses que les son propios, y ante los que la actual redacción del Código Penal «no da una respuesta proporcionada» a juicio del PSOE y «sin perjuicio de la aplicación, cuando sea pertinente, de los tipos genéricos de coacciones» que ya están previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
En este sentido, los socialistas recuerdan que los derechos vinculados a la acción sindical adquieren «especial relevancia» en momentos como el actual en el que, «bajo la coartada de la crisis», se ha aprovechado para «desarticular» la negociación colectiva y aplicar recortes a los derechos de los trabajadores. «Es en esos momentos cuando el derecho de huelga adquiere su máxima importancia y se convoca cuando se han agotado o roto todas las vías de presión y negociación. Es el último recurso y requiere de un seguimiento masivo para tener efectos rápidos y exitoso», subraya el texto, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se recuerda que en estos «momentos de tensión» es «legítimo y necesario» que los trabajadores puedan ejercer «acciones de información» para convencer «de forma pacífica». TAMBIEN PODEMOSAdemás del PSOE, también el grupo de Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una proposición de ley con la que plantea derogar este artículo, aumentar el castigo de prisión y multa a quienes impidan el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, que se sobresean las causas actualmente en tramitación, y anular en quince días las condenas ya dictadas, indemnizando a quienes están en la cárcel y devolviendo el dinero con intereses a quienes tuvieron que pagar una multa.
La formación morada también ha presentado una proposición no de ley del mismo tenor, con la que reclama al Gobierno que ponga en marcha la derogación y se inste al Ministerio Fiscal a solicitar el archivo de todas las causas penales en curso, a revisar y anular las sentencias condenatorias, y a promover expedientes de cancelación e indemnización por todas las situaciones penitenciarias que ya existan.
